Una hilera de combis blancas cortó esta mañana la calle frente al PAMI en San Miguel de Tucumán. No fue un operativo. Fue un grito contenido. Transportistas que asisten a personas con discapacidad se manifestaron desesperados por la falta de pagos, la burocracia que los ahoga y la indiferencia oficial que —según dicen— ya los empuja al abismo económico.
“No nos pagan desde hace meses. Tenemos que mendigar lo que ya trabajamos”, dijo una de las manifestantes, con la voz quebrada entre carteles y bocinazos. El reclamo no es nuevo, pero esta vez llegó con un ultimátum: si no hay soluciones urgentes, podrían suspender los servicios. Y con ello, dejarían a cientos de usuarios sin la posibilidad de asistir a centros de día, rehabilitación o turnos médicos.
Según explicaron, muchos de los transportistas están al borde de la quiebra. Algunos ya vendieron vehículos para sostenerse, otros deben elegir entre pagar el seguro o el combustible. A eso se suma lo que definen como “trabas administrativas eternas” que frenan expedientes y demoran aún más los pagos.
“El problema no es solo nuestro, es de las familias que dependen de estos traslados para vivir con un mínimo de dignidad”, sostuvo otro chofer, mientras señalaba una carpeta con planillas sin cobrar. “Estamos hartos de ser invisibles.”
Desde el PAMI, hasta el cierre de esta crónica, no hubo una respuesta oficial. Pero la tensión crece. Los transportistas aseguran que no levantarán el pie del acelerador hasta ser escuchados. Y que, si el Estado no aparece, será la parte más vulnerable la que sufra el golpe más fuerte.