Una sala cargada de silencios, miradas tensas y carpetas con papeles que ya amarillean. Así comenzó hoy la etapa de alegatos en uno de los juicios más esperados y prolongados del sistema judicial tucumano: el caso Cerisola. Después de más de un año de audiencias, más de cien testigos y casi quince años de denuncias, el Tribunal Oral Federal de Tucumán abrió la última ronda del juicio por el presunto desvío de regalías mineras provenientes de YMAD.
En el centro del banquillo está Juan Alberto Cerisola, exrector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), quien llegó al proceso acusado de administración fraudulenta contra la administración pública. Junto a él, tres exfuncionarios de su gestión enfrentan cargos similares. La acusación: haber manejado con discrecionalidad y presunta ilegalidad millones de pesos destinados originalmente a obras y mejoras para la Universidad, fondos que provenían de la actividad minera en la región.
Los fiscales comienzan ahora a desplegar el rompecabezas judicial. Alegato tras alegato, repasarán los movimientos de dinero, los convenios firmados y los destinos —muchas veces inciertos— de esos fondos que, según sostienen, terminaron sirviendo a fines muy distintos de los previstos. La figura de Cerisola, que durante años supo ser una autoridad indiscutida en el ámbito académico, hoy enfrenta una de sus pruebas más duras: la de rendir cuentas ante la Justicia.
El juicio se convirtió en un símbolo. No sólo por el monto del dinero involucrado, ni por la duración del proceso, sino porque pone bajo la lupa el vínculo entre política universitaria, recursos públicos y control institucional. Durante las audiencias, desfilaron desde técnicos contables hasta exfuncionarios y dirigentes universitarios, dejando una trama tan extensa como compleja.
En esta etapa de alegatos, tanto la fiscalía como las defensas buscarán dejar su última marca. De un lado, el intento de demostrar una maniobra sistemática de administración fraudulenta. Del otro, la estrategia de encuadrar lo actuado dentro de la legalidad administrativa y la autonomía universitaria.
La expectativa es alta. No sólo en la comunidad universitaria, que sigue el caso con atención y con cicatrices aún abiertas, sino también en la sociedad tucumana, que ve en este proceso una oportunidad de reparar —al menos en parte— años de sospechas sin resolución.
El veredicto aún está lejos, pero el juicio ya entró en su recta final. Y como suele suceder en estos procesos, lo que se juega no es sólo la responsabilidad penal de cuatro exfuncionarios, sino también la credibilidad de las instituciones.