Este jueves 21 de marzo, se realizó la audiencia para tratar un convenio de juicio abreviado, que se firmó conjuntamente con el imputado, la defensa técnica con el expreso consentimiento de la víctima.
La auxiliar de fiscal, Jessie Luz García, precisó que las partes pactaron que se condene a quien fue encontrado penalmente responsable del delito de intimidación pública, a la pena de dos años y tres meses de prisión de ejecución condicional, más reglas de conducta, como la restricción de acercamiento al Centro de Formación Profesional ubicado en calle Ayacucho 849 de San Miguel de Tucumán, y la obligación de realizar un curso de primeros auxilios. El juez actuante homologó el convenio en su totalidad.
La acusación
El 16 de agosto de 2023 a las 14:14 horas, el imputado de 47 años, llamó de forma anónima desde un número telefónico del cual es titular al número perteneciente al Centro de Formación profesional N.º 1, ubicado en calle Ayacucho 849 de San Miguel de Tucumán, siendo atendido por una empleada. En ese llamado amenazó sobre la existencia de una bomba en las instalaciones. De esta manera provocó temor entre los miembros de la institución y la población en general.
A consecuencia de ello, debió intervenir personal policial y bomberos, quienes aplicaron protocolo para el caso. Para ello evacuaron el establecimiento a fin de registrar el lugar, lo que provocó, asimismo, tumulto y caos en el tránsito, mientras se aplicaba dicho protocolo preventivo.
La denuncia realizada el mismo día del hecho por la Regente del Establecimiento Centro de Formación Profesional N.º 1, quien contó que el día 16 de agosto pasado, a horas 14:14 sonó el teléfono y una empleada le informó que una voz masculina le dijo que había una bomba en el establecimiento y que sería detonada a las 15:00 horas.
Se llevó a cabo un allanamiento del cual se extrajo un teléfono celular coincidente con el chip del número de teléfono desde el que se realizó la llamada intimidatoria.