La Mesa Directiva de la Federación de Entidades Universitarias de Tucumán (FEPUT), rechaza el fallo judicial de suspensión de juicio a prueba, otorgado por el Juez Dr. Rodrigo Martiarena, del Centro Judicial Concepción, que beneficia indirectamente al señor Enrique Bustamante, quien ejerció la profesión de médico, sin título universitario y con matrícula de otro profesional.

El ejercicio ilegal de la profesión ocasiona un daño civil a la comunidad, va en contra de la constitución provincial y de leyes vigentes de ejercicio profesional. Además, considerando que el Código Penal establece “prisión mínima de 15 días hasta un año, para la persona que ejerciera en forma ilegal una actividad regulada”.

Solicitamos a la población exigir al profesional contratado matricula profesional y al ESTADO un mayor apoyo para controlar el ejercicio ilegal.

El fallo

El juez Rodrigo Martiarena resolvió hacer lugar a la suspensión de juicio a prueba, requerido por la defensa de Bustamante. Lo hizo con la condición de que en el plazo de 72 horas haga efectivo el pago de $ 350.000 con destino a una institución de bien público, la realización de tareas comunitarias por cuatro horas semanales en un merendero del barrio 11 de enero, de la zona oeste de la capital, el cumplimiento de reglas de conducta por ese mismo tiempo y la obligación de finalizar la carrera de medicina en un plazo no mayor a tres años.

Bustamante se desempeñó en plena pandemia como terapista del Sanatorio “Jesús María”, de Concepción, utilizando el nombre y la matrícula del médico Sergio Guillermo Martínez, de la capital.
Martínez adelantó que elevará el caso a la Justicia Federal, la que se declaró competente para investigar la usurpación de nombre y título. El profesional consideró que la medida no se ajusta a la gravedad del delito. Hace pocos días la Cámara Primera del Crimen de Río Cuarto (Córdoba), condenó a siete años de prisión efectiva al falso médico Ignacio Martín. Fue juzgado por usurpación de título y ejercicio ilegal de la medicina, uso de documento privado falso y falsedad ideológica, entre otros delitos.

Fuente Los Primeros