Sandra Noemí González y Roberto Nicolás Pereyra fueron condenados a tres y cuatro años de prisión, respectivamente, en un juicio por Trata de personas. Tanto Gonzalez como Pereyra fueron considerados responsables del delito y con fines de explotación sexual de al menos dos mujeres.
El juez del caso, Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla, resolvió además la reparación económica para las víctimas, la suma es de un millón doscientos mil pesos para cada una.
En el año 2017 se realizó el allanamiento de un inmueble ubicado en calle Celedonio Gutiérrez 170 en el cual, según informó Comunicación Tucumán, el equipo técnico del Programa de Asistencia Integral a Víctimas de Trata de Personas, dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, participó activamente del proceso brindando asistencia integral y protección a las víctimas, garantizándoles los derechos plasmados en la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas.
Además, se declaró que los hechos delictivos constituyen formas de discriminación y violencia contra las mujeres conforme las normas Internacionales aplicables a la materia.