La fiscal Marta Jerez solicitó en sus alegatos finales la absolución del otorrinolaringólogo Álvaro Páez y de las médicas Florencia Jerez y Federica Castro, acusados por la muerte de Matías Juárez, un niño de ocho años que falleció cinco días después de someterse a una cirugía de amígdalas. La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que se trató de una “contingencia médica” que no pudo ser dominada por los profesionales y consideró que la indicación quirúrgica y el tratamiento fueron correctos, de acuerdo con las juntas médicas realizadas durante la investigación.
La postura de la Fiscalía se contrapuso con la de la querella, representada por Silvia Furque y Gerónimo Martínez Molina, que mantuvo la acusación por homicidio culposo por mala praxis médica. Para Páez solicitó tres años de prisión condicional y siete años de inhabilitación para ejercer la medicina, mientras que para las médicas pidió un año de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación. Los abogados de la familia sostuvieron que Matías era un niño sano, con estudios prequirúrgicos normales, y que había ingresado caminando al quirófano para una intervención considerada de bajo riesgo.
Según la reconstrucción presentada por la querella, la cirugía comenzó el 20 de octubre de 2016 y se extendió más de lo previsto. Tras ser trasladado a la habitación, Matías se encontraba semiconsciente, con los labios morados y signos de falta de oxígeno. La acusación privada sostuvo que esos síntomas fueron interpretados inicialmente como un broncoespasmo, cuando en realidad el niño habría sufrido una pérdida masiva de sangre. Ya en terapia intensiva, los abogados señalaron que los análisis demoraron aproximadamente seis horas y que, para las 19, Matías había perdido cerca del 40% de su volumen sanguíneo. La primera transfusión se realizó recién a las 21.
La querella también cuestionó la decisión de no realizar un nuevo procedimiento quirúrgico para localizar y detener el sangrado. Según su exposición, Matías comenzó a vomitar sangre a las 22, las 23 y nuevamente a las 3.30 de la madrugada. A las 4.30, la doctora Jerez solicitó una tomografía de urgencia, pero el estudio se concretó recién a las 6 porque el tomógrafo del sanatorio se encontraba apagado y fue necesario esperar la llegada de un técnico. Para la querella, esas demoras hicieron perder las “horas de oro” para intentar revertir el accidente cerebrovascular que sufrió el niño.
En sus alegatos, la Fiscalía sostuvo una hipótesis diferente y destacó el testimonio del neurocirujano infantil Ricardo Auad, integrante del staff del sanatorio, quien afirmó que Matías había sufrido un ACV isquémico en el hemisferio derecho. Jerez también remarcó que la falta de una autopsia impidió establecer con absoluta certeza la causa hemodinámica de la muerte. La querella, en cambio, planteó que el sangrado provocado en el sitio quirúrgico habría generado un shock hipovolémico y una consecuente hipotensión arterial que agravó la lesión cerebral.
La madre de Matías, María Luna, recibió con profunda indignación el pedido de absolución y cuestionó los testimonios de los profesionales que declararon durante el juicio. “Matías ingresó caminando y me lo entregaron en un cajón”, sostuvo, al remarcar que, según su perspectiva, durante el debate nadie pudo explicar de manera convincente por qué murió su hijo. También cuestionó que nunca recibió personalmente una explicación médica sobre el fallecimiento. Ahora, la decisión final quedará en manos de la jueza Dra. Wendy Kassar , quien deberá analizar las pruebas y los argumentos presentados por la Fiscalía, la querella y las defensas.