En la capital tucumana, Plaza Independencia fue el epicentro de una multitudinaria concentración. Allí, los manifestantes reclamaron a los diputados nacionales por la provincia que no acompañen el veto cuando sea debatido en la Cámara de Diputados. La consigna fue clara: defender los derechos de las personas con discapacidad, que hoy atraviesan una crítica situación.
Entre los testimonios recabados por el móvil de eltucumano, se destacaron los de Eugenia Ponce y Flavia Ibarra, directora y vicedirectora del Centro Educativo Terapéutico CETINNE, quienes advirtieron sobre las graves consecuencias del actual contexto para niños y jóvenes con discapacidad.
Según explicaron, desde noviembre de 2024, las obras sociales no autorizan las carpetas médicas, lo que impide el inicio de las terapias en tiempo y forma. “Muchos chicos todavía no comenzaron sus tratamientos. En algunos casos, desde enero, en otros desde febrero”, detallaron.
El CETINNE atiende a cerca de 90 chicos en dos áreas: el Centro Educativo Terapéutico y el Servicio de Integración Escolar. En este último, los estudiantes necesitan docentes de apoyo en sus escuelas de nivel común, ya que requieren adaptaciones curriculares. Sin embargo, las terapias no fueron aprobadas por las obras sociales, lo que deja a estos niños sin asistencia y con severas dificultades para integrarse y aprender junto a sus compañeros.
“La situación es angustiante. Estamos hablando de chicos que desde febrero no tienen a sus docentes de apoyo. Su proceso de aprendizaje está siendo interrumpido por trabas burocráticas que nadie soluciona”, denunciaron las referentes del centro.
El panorama no es mejor para quienes asisten al centro educativo terapéutico: sin la aprobación de las carpetas médicas, aún no han podido iniciar sus clases, lo que genera un retroceso en sus logros y avances. “Pierden lo que con tanto esfuerzo construyeron el año anterior. Para muchos, eso significa empezar de nuevo”, advirtieron.
Mientras crece el malestar en todo el país, en Tucumán se redobla el pedido: que los legisladores escuchen a las familias y prioricen los derechos humanos por sobre los recortes presupuestarios.