Un audio difundido en redes sociales encendió la polémica y movilizó tanto al Gobierno nacional como al provincial: se trata de una presunta grabación en la que una docente de química del Colegio Nuestra Señora de Fátima, en San Miguel de Tucumán, realiza fuertes acusaciones contra el presidente Javier Milei durante una clase con alumnos de 14 años.
En el material, cuya autenticidad está siendo verificada, se escucha a una voz femenina que afirma que el jefe de Estado estaría “financiado por el narcotráfico” y lo compara con el expresidente Mauricio Macri. La grabación, presuntamente realizada por uno de los estudiantes sin conocimiento de la docente, se viralizó rápidamente y generó un revuelo institucional.
La primera respuesta llegó desde el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, quien solicitó formalmente al Ministerio Público Fiscal y a las autoridades educativas de Tucumán que se investigue si hubo adoctrinamiento y si se violaron las normas que garantizan una educación libre de influencias partidarias. “Hay que proteger a los estudiantes de cualquier forma de adoctrinamiento en las aulas”, sostuvo la ministra en su cuenta de X, arrobando incluso al presidente Milei.
Por su parte, el Gobierno de Tucumán también se pronunció a través del Ministerio de Educación provincial, que confirmó el inicio de un sumario administrativo. Se están tomando declaraciones a alumnos, personal docente y directivos del colegio para determinar responsabilidades.
“El Ministerio de Educación repudia los comentarios inapropiados realizados por una docente dependiente de un establecimiento educativo de gestión privada”, señala el comunicado oficial de la cartera tucumana. Y agrega: “Lamentamos que en el mes de la Patria, donde debe primar la convivencia democrática, existan acciones contrarias a dicho espíritu y se vulnere la integridad de niños y adolescentes mediante la imposición de una manera de pensar”.
Desde el colegio, su directora aseguró que “la situación está siendo investigada conforme a los protocolos” y que se brindará toda la información requerida a las autoridades competentes.
Según la ley de educación nacional y sus correlatos provinciales, los docentes deben respetar el derecho de los alumnos a recibir una formación plural, objetiva y libre de sesgos ideológicos. Cualquier transgresión puede implicar sanciones administrativas, e incluso judiciales, si se comprueba que hubo vulneración de derechos.
La situación continúa bajo análisis. Desde Nación y Provincia coinciden en que la integridad del sistema educativo debe preservarse, y que el aula debe ser un espacio seguro, donde el pensamiento crítico se fomente sin presiones ni manipulaciones.
