El debate por la regulación de las apuestas online entró en una fase decisiva en el Senado de la Nación. En este marco, las empresas operadoras del sector que cuentan con licencia oficial comenzaron a presionar para que la nueva legislación concentre la respuesta punitiva del Estado sobre las plataformas clandestinas, evitando que recaigan mayores restricciones comerciales, de publicidad y de patrocinio sobre las firmas habilitadas.
La discusión legislativa enfrenta actualmente dos criterios. Por un lado, se encuentra el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en mayo, que propone penas de tres a seis años de prisión para quienes organicen sistemas de apuestas no autorizados, y de dos a cuatro años para quienes presten servicios financieros, tecnológicos o publicitarios sabiendo de su ilegalidad. Esta iniciativa oficial prevé el bloqueo de dominios, se centra en impedir el acceso de los menores de edad y limita la publicidad que promete éxito económico, pero no establece una prohibición general de anuncios ni de patrocinios en clubes deportivos.
Por otro lado, se encuentra la media sanción aprobada por la Cámara de Diputados en 2024 —que perderá estado parlamentario este año—, la cual impone restricciones mucho más amplias sobre la publicidad, exige estrictos mecanismos de verificación de identidad, topes a los medios de pago y un régimen de autoexclusión. Desde el oficialismo advierten que el 85% de la actividad se canalizaría por vías informales (cifra que aún requiere corroboración oficial), lo que haría ineficaz aplicar mayores cargas sobre el sector formal.