El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona retomará su curso este martes con una jornada que se anticipa crucial para el proceso. Prestarán declaración los médicos forenses encargados de realizar la autopsia al cuerpo del exfutbolista, junto a los toxicólogos responsables de los análisis histopatológicos.

Según informaron fuentes de la investigación a la Agencia Noticias Argentinas, los profesionales citados a declarar son los doctores Federico Martín Corasanitti y Carlos Mauricio Casinelli. A ellos se sumará el equipo de peritos de la Policía Bonaerense, integrado por Silvana De Piero, María Agustina Vayo, Sebastián Zabala y Ezequiel Ventossi.

Durante sus comparecencias del año pasado ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, Corasanitti y Casinelli aportaron detalles determinantes sobre el estado en el que fue hallado el ídolo deportivo. Ambos coincidieron en que el cuerpo presentaba “espuma, livideces, el abdomen tenso y edematizaciones”, estimando que el fallecimiento se produjo entre las 9 y las 12 horas del 25 de noviembre de 2020. Casinelli precisó, además, que la causa de muerte fue un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada”, en un cuadro agravado por una “miocardiopatía dilatada”.

Los testimonios también pusieron el foco en las deficiencias del lugar donde Maradona transitaba su internación domiciliaria. Los forenses relataron que en la habitación de la vivienda de Tigre no se halló ningún tipo de aparatología médica. Describieron el cuarto como un espacio “tabicado y a oscuras”, donde había botellas de agua mineral con sal, un inodoro portátil y ampollas de medicamentos como ranitidina y Reliverán. “Diego estaba tapado con una sábana y boca arriba”, indicaron los médicos, quienes advirtieron que “en todos los órganos había retención de líquido”.

En el banquillo de los acusados se encuentran siete personas vinculadas al cuidado médico del paciente: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna, la jefa de cuidados domiciliarios Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador Mariano Perroni. Todos ellos enfrentan cargos por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”, el cual prevé una pena en expectativa de entre 8 y 25 años de prisión.