Tras la puesta en marcha del régimen simplificado del impuesto a las Ganancias, el Gobierno Nacional acelera los pasos para concretar el llamado “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, conocido popularmente como “plan dólares del colchón”. Con ese objetivo, ultima detalles de un proyecto de ley que será enviado esta semana al Congreso y busca consolidar el respaldo político de las provincias.
Desde este domingo rige el nuevo esquema simplificado del impuesto a las Ganancias. Según establece la normativa, las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país que adhieran al sistema no deberán presentar información sobre sus consumos ni su patrimonio. Esta simplificación fiscal es vista por el Ejecutivo como una pieza clave para fomentar el sinceramiento de los ahorros no declarados.
En este contexto, el Gobierno trabaja en una iniciativa legal que, según adelantó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, será presentada en el Congreso en los próximos días. El texto elevaría el piso a partir del cual se considera delito la evasión impositiva (actualmente fijado en $1,5 millones) y reduciría el plazo de prescripción de los delitos tributarios de cinco a dos años.
“Queremos que los ciudadanos puedan usar sus ahorros sin temor a ser perseguidos fiscalmente años después. La idea es dar previsibilidad y seguridad jurídica”, sostuvo Francos al referirse al proyecto que acompaña el plan económico del presidente Javier Milei.
Negociaciones con las provincias
En paralelo al diseño de la ley, el Gobierno despliega una estrategia de diálogo con las provincias para garantizar su adhesión al nuevo régimen. En las últimas semanas, el ministro de Economía, Luis Caputo, y Francos encabezaron reuniones con mandatarios provinciales con el objetivo de firmar una adenda que evite la creación de nuevos regímenes de información fiscal a nivel local que contradigan lo dispuesto por la Administración de Recursos y Contribuciones de Argentina (ARCA).
Según confirmaron fuentes oficiales, esta semana continuarán las reuniones con gobernadores para avanzar en esos compromisos. Hasta el momento, Catamarca —a través del gobernador Raúl Jalil— fue la primera provincia en manifestar formalmente su adhesión, seguida por Tucumán. Sin embargo, varias jurisdicciones aguardan la presentación del proyecto en el Congreso antes de tomar una decisión.
Desde el Gobierno advirtieron que aquellas provincias que no se sumen al régimen perderán el acceso a información clave sobre la facturación de personas y empresas, así como sobre consumos que superen el umbral fijado por ARCA, actualmente en $50 millones.