Casi 24 horas después de la renuncia de Alejandro Vilches, el Gobierno anunció la designación de Pablo Di Liscia como nuevo secretario de Discapacidad. El nombramiento se concretó en medio de la tensión interna por los ajustes previstos para el área en el Presupuesto 2027 y por los cambios que la administración busca implementar en el sistema de prestaciones.
Di Liscia es un exdirigente del PRO y cuenta con experiencia en la gestión pública y privada. Entre 2017 y 2019 estuvo al frente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires. También se desempeñó como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión del Gobierno porteño. Según su perfil de Linkedin, cursó la carrera de Contador Público en la UADE, aunque no la finalizó.
El nuevo funcionario llegó al cargo por recomendación del ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó su perfil técnico y su experiencia en la administración de organismos. Desde el Gobierno señalaron que tendrá entre sus principales objetivos optimizar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, fortalecer los mecanismos de gestión y control y garantizar una administración eficiente de los recursos. Además, continuará al frente de las auditorías sobre las pensiones por invalidez laboral.
La designación se produce luego de que Vilches presentara su renuncia el lunes por “motivos personales”. Había asumido en agosto de 2025, tras la salida de Diego Spagnuolo, quien fue desplazado en medio de la investigación por presuntas irregularidades, cobro de coimas y direccionamiento de contratos en el entonces organismo de discapacidad.
El recambio también ocurre mientras el oficialismo busca avanzar con modificaciones en el régimen de discapacidad y enfrenta cuestionamientos por los ajustes contemplados en el Presupuesto 2027. En ese marco, el Gobierno admitió la posibilidad de revisar las previsiones presupuestarias del área. A su vez, el vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que el nomenclador de prestaciones continuará actualizándose por IPC hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras que desde 2027 su mecanismo de actualización quedará sujeto a lo que determine el Congreso.