El presidente Javier Milei firmó este jueves el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 366, mediante el cual se oficializó una profunda reforma migratoria que modifica el acceso de los extranjeros al sistema de salud, la educación, la residencia y endurece los requisitos para ingresar o permanecer en el país. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y contó con la firma de todo el gabinete.
Con el argumento de “ordenar el sistema migratorio” y reforzar el control documental y fronterizo, el DNU introduce cambios clave en la Ley de Migraciones 25.871. Entre los puntos más sensibles se destaca que los extranjeros no residentes permanentes solo podrán acceder al sistema público de salud en casos de emergencia. Para cualquier otro tipo de atención médica, deberán presentar un seguro de salud o pagar el servicio de manera anticipada.
En materia educativa, la normativa garantiza que ningún niño, niña o adolescente extranjero podrá ser excluido de los niveles inicial, primario o secundario por su estatus migratorio. Sin embargo, las escuelas estarán obligadas a orientar y asesorar a las familias sobre los trámites necesarios para regularizar su situación.
La reforma también redefine las categorías migratorias, establece un límite de 90 días para la “residencia precaria” sin derecho a permanencia y amplía las causales de inadmisión y expulsión. A partir de ahora, presentar documentación falsa, tener antecedentes penales incluso sin condena firme, ingresar por pasos no habilitados o desnaturalizar los motivos declarados al momento del ingreso serán motivos suficientes para una expulsión o rechazo.
Asimismo, se exige a quienes soliciten la admisión una declaración jurada que incluya el motivo del ingreso, un seguro de salud y otros requisitos reglamentarios. La Dirección Nacional de Migraciones podrá rechazar el ingreso en frontera ante documentación inadecuada, motivos falsos o riesgos sanitarios o de seguridad. En esos casos, la prohibición de reingreso no podrá ser menor a cinco años.
Además, el DNU crea la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, bajo la órbita del Ministerio de Economía, que tendrá a su cargo diseñar y gestionar políticas para atraer a extranjeros que puedan contribuir al desarrollo del país. Estará encabezada por un director ejecutivo con rango de subsecretario, designado por el Poder Ejecutivo.