El Gobierno nacional formalizará este martes el ingreso del proyecto de ley de Presupuesto 2027 a la Cámara de Diputados. La iniciativa no solo marcará la hoja de ruta económica para el último año de gestión de Javier Milei, sino que establecerá las variables clave de cara a las próximas elecciones presidenciales: proyecciones de inflación, actividad comercial, recaudación tributaria y pauta de gasto público.

A diferencia de ocasiones previas, el Presidente resolvió no asistir al Congreso para defender los lineamientos. En la antesala, Milei mantuvo este lunes un encuentro de más de dos horas y media con legisladores de La Libertad Avanza en Casa Rosada, donde repasó la marcha económica y exigió sostener el rumbo. En ese cónclave, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, bajó una orden clara: evitar disputas con los bloques dialoguistas y polarizar exclusivamente con el kirchnerismo para allanar los acuerdos en el recinto.

El déficit cero como premisa innegociable

El texto ratifica el equilibrio fiscal como regla inquebrantable para profundizar el proceso de desinflación. Según los anticipos remitidos por el ministro de Economía, Luis Caputo, el Ejecutivo proyecta para el trienio 2027-2029 una desaceleración sostenida en el índice de precios y un leve incremento real anual de los ingresos tributarios, traccionado por el repunte de la actividad económica y las exportaciones.

Este marco convivirá con la meta de reducir la presión tributaria para dotar de mayor competitividad al sector privado. El plan plurianual contempla además una recuperación del empleo, la baja en las tasas de pobreza e indigencia y una mejora distributiva, aspectos que comenzarán a discutirse de inmediato en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Obras públicas en juego para asegurar los votos

Para sortear la ajustada correlación de fuerzas en la Cámara baja, el Ejecutivo diseñó una estrategia centrada en atender reclamos territoriales. Tras semanas de diálogo, la Casa Rosada incorporó en las planillas anexas diversas obras de infraestructura demandadas por los mandatarios provinciales, aunque su inclusión técnica no asegura que cuenten con financiamiento 100% nacional ni un inicio inmediato.

Entre los distritos beneficiados, Entre Ríos y Mendoza lograron compromisos de saneamiento, agua potable y conectividad vial sobre la Ruta 40. Paralelamente, se contemplaron partidas específicas para Tucumán, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Salta y Jujuy. La reactivación de estos proyectos funcionará como la moneda de cambio para ordenar las bancadas provinciales y garantizar la sanción de la denominada “ley de leyes”.