El Gobierno nacional anunció este miércoles que ampliará su ofensiva judicial mediante la presentación de nuevas denuncias penales contra las empresas que se encuentran desarrollando actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas. Según precisó la Oficina del Presidente, las acciones legales no solo apuntarán contra las compañías en sí, sino que también buscarán identificar y penalizar a directores, gerentes, administradores y representantes que hayan intervenido en las operaciones.
Las nuevas firmas apuntadas y el alcance legal
Fuentes oficiales confirmaron que esta nueva ola de denuncias alcanzará a cinco firmas de origen extranjero: Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC y Desire Petroleum Limited.
Desde el Ejecutivo remarcaron que estas presentaciones derivarán tanto en la ampliación de causas que ya se encuentran en trámite como en la apertura de nuevos expedientes. El objetivo central, según el comunicado, es “responsabilizar a todos aquellos que se encuentren violando” la soberanía nacional. Esta medida se suma a la primera denuncia penal efectuada este último lunes por el canciller Pablo Quirno y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, contra otras cinco corporaciones vinculadas al megaproyecto petrolero Sea Lion.
Más de 60 investigados y una estrategia integral
Con esta escalada de medidas, el Gobierno detalló que ya ascienden a 60 las personas físicas y jurídicas que se encuentran bajo procedimientos sancionatorios por presuntas infracciones a la Ley 26.659. Esta norma, vigente desde 2011, prohíbe taxativamente la exploración y explotación en la plataforma continental sin habilitación de la autoridad argentina, previendo inhabilitaciones de entre 5 y 20 años para los infractores. Para acelerar estos trámites administrativos, el Ejecutivo publicó recientemente el Decreto 868/2026.
Toda esta seguidilla de acciones judiciales va en sintonía con los recientes anuncios del presidente Javier Milei, quien alertó sobre los riesgos de la apropiación de los recursos naturales. La estrategia geopolítica de la Casa Rosada se complementa de forma paralela con el inminente debate parlamentario de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la instrucción a Economía para priorizar los fondos de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego de cara al Presupuesto 2027.