El gobierno nacional retuvo alrededor de 3.000 millones de dólares provenientes de fondos fiduciarios destinados originalmente a obras públicas, con el objetivo de volcarlos al sostenimiento del déficit cero. A pesar de que se trata de recursos con un fin específico asignado por ley, la administración de Javier Milei destina únicamente una fracción a su meta original y utiliza el excedente para apalancar las cuentas públicas.
La maniobra, que surge del análisis de balances contables, planillas presupuestarias e informes oficiales de la Jefatura de Gabinete y de la Oficina Nacional de Presupuesto a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas, revela que un alto porcentaje de la recaudación finaliza en la compra de letras y títulos públicos.
Durante los primeros dos años de la actual gestión, los fondos fiduciarios que continúan en funcionamiento recaudaron más de 8,2 billones de pesos. El superávit financiero de estas cajas alcanzó los $ 1,86 billones durante 2024 y los $ 1,23 billones en 2025, sumas equivalentes a US$ 1.978 millones y US$ 973 millones, respectivamente. Sin embargo, las planillas oficiales reflejan que la ejecución real fue de apenas el 55,8% de lo recaudado en 2024, el 69,5% en 2025 y un 69,7% durante el primer trimestre de este año.
El mecanismo financiero y el impacto en las obras
El resto de los activos no utilizados se transfiere a colocaciones financieras bajo la dirección del Ministerio de Economía. De esta manera, el Gobierno cambió la estrategia de resguardar el dinero en plazos fijos del Banco Nación y pasó a la adquisición directa de instrumentos de deuda del Tesoro. Para el transcurso del presente ejercicio, se estima que esta vía le permitirá a la cartera económica disponer de aproximadamente US$ 880 millones adicionales.
Mientras tanto, de los 29 fideicomisos vigentes o en proceso de liquidación, las mayores restricciones de desembolsos se observan en proyectos sensibles. Un ejemplo claro es el Fondo de Integración Socio Urbana, donde las transferencias cayeron un 94%, provocando la parálisis de 636 proyectos de infraestructura básica y vivienda en barrios populares.
Situaciones similares se registran en el Sistema de Infraestructura del Transporte y en el Fondo de Infraestructura Hídrica, donde las inversiones financieras dispuestas por el Poder Ejecutivo superan ampliamente los montos destinados a la ejecución real de obras viales, mantenimiento de rutas y trabajos de saneamiento en todo el territorio nacional.
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