La Libertad Avanza trabajó hasta último momento para impedir que la oposición consiguiera los votos necesarios para abrir la sesión especial en la Cámara de Diputados. Sin embargo, ante el inminente éxito de los bloques opositores para reunir a 129 legisladores, el oficialismo decidió dar vuelta su posición y acompañará este miércoles al mediodía la apertura del recinto.
Un giro para evitar una derrota política
El jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, había encabezado intensas negociaciones en las oficinas de Martín Menem con espacios aliados para intentar restarle apoyos a la oposición. Durante la tarde del martes el escenario cambió drásticamente al confirmarse que Unión por la Patria aportaría 93 bancas, sumadas a los representantes del Frente de Izquierda, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y distintos legisladores de bloques dialoguistas.
Frente a este panorama, desde la Casa Rosada explicaron que La Libertad Avanza optó por dar quórum para evitar que una eventual apertura del recinto con las bancas oficialistas vacías quedara planteada como un fuerte revés político, especialmente en una semana atravesada por los recientes anuncios del Gobierno sobre la cuestión Malvinas. Con esta nueva táctica, el oficialismo buscará participar activamente del debate y defender su propia propuesta.
El debate por la economía de los hogares y la postura del mercado
El cambio de postura de La Libertad Avanza dejó sin efecto su propio cronograma de comisiones, mediante el cual buscaban dilatar el tratamiento del desendeudamiento familiar hasta el mes de octubre. Ahora, el desafío en el recinto será ordenar una discusión que aglomera cerca de 50 proyectos distintos sobre una problemática que afecta a millones de argentinos.
El diputado Juan Fernando Brügge, de Provincias Unidas, destacó la urgencia de la sesión y remarcó que no se puede condenar a la marginalidad financiera a las familias que se endeudaron para afrontar gastos básicos de alimentación y servicios. En contraste, representantes del sector privado mostraron cautela. Desde la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Francisco Gismondi sostuvo que no hace falta una nueva ley porque las entidades ya resolvieron 500.000 refinanciaciones de forma privada, mientras que la Cámara Argentina Fintech reconoció la gravedad del problema al advertir que cinco millones de personas presentan niveles de irregularidad crediticia.
El Gobierno mantiene un firme rechazo a cualquier iniciativa que implique un aumento del gasto público o una fuerte regulación sobre los bancos y las financieras. En ese sentido, desde el Ejecutivo adelantaron que si el Congreso termina aprobando una ley que contradiga el norte fiscal de la gestión, el presidente Javier Milei está dispuesto a vetarla.
TN