El oficialismo, encabezado por La Libertad Avanza (LLA), consiguió avanzar en la Cámara de Diputados al obtener un dictamen favorable para el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa quedó lista para ser tratada en el recinto en una sesión convocada para el próximo 12 de noviembre, luego de recibir el aval en un plenario de las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal, presididas respectivamente por los legisladores libertarios Carlos Zapata, Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado.
Durante las negociaciones en comisión, el texto original sufrió modificaciones estructurales. Uno de los puntos centrales giró en torno a las operaciones en las Islas Malvinas. En sintonía con una propuesta de los Estados Unidos, el oficialismo aceptó limitar las sanciones a aquellas filiales de empresas que operen en la zona sin tener una participación relevante. De esta forma, el peso de la ley recaerá sobre los actores con participación directa, apuntando específicamente a iniciativas como el proyecto de explotación petrolera Sea Lion (desarrollado en la Cuenca Malvinas Norte por la británica Rockhopper y la israelí Navitas). Para estos casos, si no se pudiera determinar el monto de la sanción, se aplicará una multa que oscilará entre los 2.000 y 40.000 barriles de petróleo, duplicando el castigo original.
En el plano institucional, la ley reconfigura el Consejo de Seguridad, sumando al Ministerio de Seguridad como miembro permanente junto al Presidente de la Nación, el canciller, los ministros de Defensa y Economía, el titular de la SIDE y el secretario Legal y Técnico. Asimismo, se habilitó la participación no permanente —ante crisis específicas— del titular de la Cámara de Diputados, el presidente provisional del Senado, los gobernadores provinciales y el Ministerio de Seguridad Interior. En paralelo, se aprobó la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de Asuntos de Seguridad Nacional, que estará conformada por ocho legisladores.
Otro de los artículos más debatidos fue el que establecía penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, financiados por un Estado extranjero, alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública. Tras los reclamos, se modificó la redacción para excluir explícitamente de estas sanciones al ejercicio del periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación abierta de intereses.
En cuanto a los números del plenario, el dictamen de mayoría reunió 60 firmas aportadas por LLA, el PRO, la UCR y Provincias Unidas (Gisela Scaglia, Sergio Capozzi y José Núñez). El santafesino Pablo Farias y los misioneros Alberto Arrúa y Oscar Herrera Ahuad firmaron en disidencia parcial. Por su parte, Unión por la Patria impulsó un dictamen de minoría con 38 avales, mientras que también presentaron despachos propios el bloque de Esteban Paulón junto a los cordobeses Carlos Gutiérrez y Juan Brügge, y la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman.