El Senado convirtió este jueves en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que modifica el Régimen Simplificado de Ganancias y apunta a incentivar el ingreso al circuito formal de ahorros que permanecen fuera del sistema financiero.
La iniciativa obtuvo 44 votos a favor y 23 en contra. La Libertad Avanza consiguió el respaldo de senadores del PRO, la UCR y distintos bloques provinciales, mientras que el peronismo rechazó la reforma. La sesión había comenzado con el quórum mínimo de 37 legisladores, aportado por el oficialismo y sectores aliados.
Uno de los principales cambios consiste en eliminar los límites de ingresos y patrimonio que restringían el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. Hasta ahora quedaban excluidos quienes hubieran registrado ingresos superiores a $1.000 millones o un patrimonio mayor a $10.000 millones en alguno de los últimos tres años.
La reforma también incorpora restricciones para funcionarios públicos. Legisladores, jueces, ministros y otros integrantes del Poder Ejecutivo, incluido el Presidente, no podrán acceder a determinados beneficios contemplados por el sistema. La limitación alcanza además a quienes hayan ocupado cargos públicos durante los cinco años anteriores.
Otro de los puntos modificados es el concepto de “discrepancia significativa”, utilizado para determinar cuándo ARCA puede objetar una declaración simplificada. La nueva normativa incorpora un piso de $5 millones junto con el parámetro porcentual del 15% para determinados desvíos detectados por el organismo recaudador.
Durante el debate, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió la iniciativa al sostener que durante años muchos argentinos retiraron sus ahorros del circuito financiero por desconfianza hacia el Estado.
“El enemigo de los ahorristas ha sido el Estado, que expropió de distintas formas ese dinero: hiperinflación, inflación, cepo, con todo tipo de mecanismos”, sostuvo Bullrich, quien destacó además las restricciones incorporadas para funcionarios públicos.
El senador libertario Bruno Olivera Lucero, miembro informante del oficialismo, afirmó que el objetivo de la iniciativa es modificar la relación entre el fisco y los contribuyentes. “Este proyecto trata la confianza. Trata de si vamos a seguir viendo a los contribuyentes como sospechosos de por vida o como lo que realmente son: ciudadanos que trabajan, pagan impuestos y merecen respeto”, señaló.
Desde el peronismo cuestionaron con dureza la reforma. El jefe del bloque, José Mayans, sostuvo que su bancada votaría en contra por considerar que la iniciativa forma parte del programa económico del Gobierno y cuestionó los beneficios previstos por el nuevo régimen.
El senador Fernando Salino, también del peronismo, propuso ampliar las restricciones a las personas políticamente expuestas para incluir, entre otros, a cónyuges, convivientes y familiares de funcionarios. El oficialismo no aceptó incorporar modificaciones y el texto fue aprobado sin cambios respecto de la versión que había llegado de Diputados.
La sanción representó además un avance legislativo para el Gobierno después de varias semanas de negociaciones en la Cámara alta. Para conseguir los respaldos necesarios y abrir la sesión, el oficialismo acordó con sectores dialoguistas incorporar al temario el debate sobre la reforma del régimen de biocombustibles, reclamada por varias provincias.