n una nueva señal de desregulación, el Gobierno nacional derogó la Resolución 817/2023, una normativa impulsada por la administración de Alberto Fernández que imponía requisitos estrictos para la instalación de cargadores de autos eléctricos. La decisión fue oficializada a través de la Resolución 22/2025 de la Secretaría de Energía, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
El ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, destacó que esta medida se alinea con la reciente reducción de aranceles para la importación de vehículos eléctricos, anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo.
“Para que esta política sea efectiva, necesitamos una buena red de abastecimiento eléctrico. La norma derogada era un claro ejemplo de cómo la regulación ahoga a las pymes y el emprendedurismo”, explicó Sturzenegger.El funcionario sostuvo que, a diferencia de los vehículos de combustión interna que requieren ir a un punto específico para cargar combustible, los autos eléctricos se recargan en los lugares donde las personas realizan su vida cotidiana, como supermercados o restaurantes. Sin embargo, la normativa derogada establecía un engorroso registro y múltiples requisitos que, en la práctica, impedían a los comercios ofrecer este servicio.
“A la postre, era una resolución hecha a la medida de las petroleras, que sí podían cumplir con esas onerosas obligaciones”, remarcó Sturzenegger.
Con esta decisión, el Gobierno apuesta a una mayor flexibilización del mercado de la movilidad eléctrica, eliminando barreras burocráticas que dificultaban la expansión de la infraestructura de carga en todo el país.
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