La disputa judicial por la expropiación de YPF sumó este lunes un nuevo revés para el Estado argentino, luego de que la jueza estadounidense Loretta Preska rechazara la solicitud de suspensión de la transferencia del 51% de las acciones de la petrolera, en el marco del fallo que obliga al país a pagar US$16.100 millones a los fondos Burford y Eton Park.
Ante esta decisión, el Gobierno nacional trabaja contrarreloj para evitar la entrega de los títulos que actualmente están en manos del Estado. La Procuración del Tesoro ya había apelado ante la Corte de Apelaciones, luego de que Preska ordenara el traspaso de las acciones como parte del cumplimiento de la sentencia.
En su resolución, la magistrada fue dura con la posición argentina: “La República ha abusado de las concesiones del Tribunal y, por lo tanto, no se le otorgarán concesiones adicionales. Continúa demorando y eludiendo sus obligaciones derivadas del fallo que sigue vigente”, argumentó. Además, recordó que el Estado debía haber presentado una garantía para evitar embargos desde enero de 2024.
Ahora, se abren dos posibles escenarios para la Argentina: que la Cámara de Apelaciones rechace la transferencia de las acciones o que, al menos, conceda una “suspensión temporal” hasta que se resuelva la apelación en curso.
El subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, se encuentra en Nueva York siguiendo el caso. En declaraciones a TN Central, afirmó: “Vamos a ir a la Cámara de Apelaciones no solo para que deje sin efecto la decisión de entrega de las acciones, sino también para que, en lo inmediato, quede suspendida la decisión de la jueza hasta que se pronuncie sobre la apelación”.