En un paso clave y favorable para el Estado nacional, la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, formalizó este lunes la anulación de la condena de US$16.100 millones que pesaba contra la Argentina por la estatización de YPF, ocurrida en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner.
A través de un documento conocido como final judgment (sentencia final), la magistrada incorporó al expediente original la resolución dictada en marzo por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, tribunal que había revocado el multimillonario resarcimiento que la propia Preska había ordenado pagar en septiembre de 2023.
La decisión de la jueza se produjo a pesar de que los fondos demandantes (beneficiarios de la condena inicial) habían intentado mediante recursos legales postergar el cierre de esta etapa de primera instancia. Su objetivo era dilatar la formalización hasta que la Corte Suprema estadounidense definiera si tomaría el caso, pero Preska desestimó el planteo y avanzó con el cierre del expediente en su tribunal.
El origen del conflicto y lo que falta para el cierre definitivo
El mega juicio se originó a raíz de la estatización del 51% de las acciones de YPF. Los fondos que poseían participaciones minoritarias demandaron a la Argentina argumentando que, según los estatutos de la petrolera, el Estado debería haberles realizado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por sus acciones al momento de tomar el control de la compañía.
Si bien la formalización firmada por Preska representa una sólida victoria judicial para la Argentina, el conflicto aún no está terminado definitivamente. Los fondos litigantes ya presentaron una petición formal ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos (SCOTUS) buscando que el máximo tribunal revise la anulación dictada por la Cámara de Apelaciones.
A partir de ahora, el futuro de la histórica demanda de US$16.100 millones depende de los jueces de la Corte Suprema estadounidense. Si rechazan el pedido de revisión (como ocurre en la inmensa mayoría de las peticiones), el fallo favorable a la Argentina quedará firme y el caso se cerrará de manera definitiva. En cambio, si aceptan analizar el caso (proceso conocido como writ of certiorari), se abrirá una nueva y última etapa en el extenso litigio internacional.