La jueza estadounidense Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó a la República Argentina transferir el 51% de las acciones de la petrolera YPF a los beneficiarios del fallo por la nacionalización de la empresa en 2012. El paquete accionario en cuestión fue adquirido por el Estado argentino a Repsol y actualmente permanece bajo control estatal.
La noticia fue difundida este lunes por Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, a través de su cuenta de X. Conocida la novedad, las acciones de YPF aceleraron su caída, y perdían un 6,4% en Wall Street.
La decisión de la jueza forma parte de la causa que impulsa el fondo Burford Capital, que compró los derechos de litigio del Grupo Petersen Energía e IEASA (ex Enarsa), y que reclama una millonaria indemnización por presuntas irregularidades en el proceso de estatización, encarado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que contó con el aval de una ley del Congreso votada por amplia mayoría.
El bufete de abogados inglés, especialista en adquirir demandas de países soberanos, es el principal ganador de la sentencia en primera instancia por la que la jueza de Nueva York condenó a Argentina a pagar más de u$s16.000 millones por la expropiación de YPF en 2012.
En septiembre de 2023 la magistrada emitió una sentencia de primera instancia que obliga al país a abonar un resarcimiento de u$s16.000 millones por la forma en que se nacionalizó la petrolera al comprar el 51% de las acciones de Repsol, sin realizar a los demás accionistas una Oferta Pública de Adquisición, tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem.