En la política argentina, pocos episodios combinan la tensión jurídica y el peso simbólico como el arresto domiciliario de una ex presidenta. Desde su departamento de San José 1111, Cristina Fernández de Kirchner vive ahora bajo un régimen que, aunque dictado por la Justicia, aún está en plena disputa. Este martes, su defensa entregó en Comodoro Py una lista de personas autorizadas a visitarla. Lo hizo en silencio, mediante un pen drive, y con un pedido expreso: que los nombres permanezcan reservados.
El listado, según se supo, incluye familiares, abogados, médicos y custodios. Es decir, el círculo más cercano, el mismo que el Tribunal Oral Federal 2 habilitó sin necesidad de autorización previa. Pero Cristina no se conforma. En un escrito anterior, ya había dejado en claro su postura: no quiere límites ni autorizaciones. Y si el Tribunal no accede, apelará a la Cámara Federal de Casación Penal.
“No hay ninguna norma que autorice a imponer restricciones adicionales en el arresto domiciliario”, sostuvo su abogado, Alberto Beraldi. Y fue más allá: objetó que el fallo no explica por qué solo familiares y profesionales vinculados a su salud o defensa pueden ingresar sin control judicial. La expresidenta considera que necesita recibir a contadores, asesores, peritos y hasta amigos, muchos de ellos parte de su vida pública y privada.
La discusión no es nueva. La semana pasada, el mismo tribunal debió intervenir en otro asunto simbólicamente potente: el uso del balcón. Desde allí, Cristina suele saludar a la militancia que se reúne en la calle. Los jueces aclararon que no está prohibido usar ningún espacio del departamento, pero llamaron a la “prudencia” para evitar conflictos con los vecinos. Una línea fina entre la libertad y el espectáculo político.
En paralelo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se mantienen firmes en su rechazo al beneficio concedido. Aseguran que no hay razones humanitarias ni médicas que justifiquen la prisión domiciliaria, y aún están en plazo para apelar. Lo mismo ocurre con la defensa, que todavía podría recurrir la imposición de la tobillera electrónica que CFK intentó evitar.
Cristina, en su nueva rutina judicial, no solo se enfrenta a una condena firme por la causa Vialidad. También libra una batalla simbólica por los márgenes de su encierro. Un encierro con reglas flexibles, pero al que ella quiere sacarle hasta el último cerrojo legal.