Un nuevo escándalo sacude a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La Justicia se encuentra investigando trece órdenes de pago con el logo de la entidad por su presunta vinculación con el desvío de al menos 57 millones de dólares recaudados en el exterior, operatoria que se habría realizado a través de un complejo entramado de sociedades fantasma.
Según una investigación publicada por La Nación, los documentos —secuestrados durante allanamientos realizados en diciembre y marzo— contienen instrucciones precisas dirigidas a la firma TourProdEnter (perteneciente a Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette). El objetivo era que esta empresa transfiriera millonarios fondos a 63 sociedades y dos personas físicas “por cuenta y orden de AFA”. Los comprobantes llevan una firma atribuida a Gerardo León, exdirector ejecutivo de la institución deportiva.
Entre las principales beneficiarias de esta maniobra aparecen cuatro compañías LLC registradas en Florida, Estados Unidos: Soagu Services, Marmasch, Velp y Velpasat. Estas firmas, que compartían domicilio en un edificio de oficinas en Miami, recibieron más de 42 millones de dólares y llamativamente fueron disueltas en el registro societario apenas dos días después de que saliera a la luz su existencia. La pesquisa también identificó giros a otras empresas como Mafer Trading, W Trading y Tronador Import Export, además de transferencias por 340.000 dólares entre 2024 y 2025 a Alejandro Almaraz, hijo del conocido “Brujo” de la Selección.
Ante el avance del caso, allegados a Gerardo León aseguraron que la firma que aparece en los papeles fue falsificada y aclararon que, durante el período de las transferencias, él ya se desempeñaba como asesor y no como director ejecutivo. Por su parte, desde la AFA evitaron dar mayores precisiones, indicaron que el tema “está todo en manos de la Justicia” y que debe ser resuelto por el Juzgado Federal de Campana. Ahora, la documentación será sometida a pericias contables para contrastarla con movimientos bancarios y determinar quién autorizó los pagos del presunto desfalco.