El cerco judicial sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ingresa en una etapa decisiva. Esta semana, las máximas autoridades de la entidad, encabezadas por su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero Pablo Toviggino, deberán sentarse en el banquillo para prestar declaración indagatoria ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico, a cargo del juez Diego Amarante.

La causa investiga una presunta retención indebida de aportes y tributos, a raíz de una contundente denuncia impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que actúa como querellante en el expediente.

El cronograma de indagatorias

El juez Amarante diagramó una ronda de declaraciones que comenzará este mismo lunes y se extenderá hasta el jueves, abarcando a los principales responsables financieros y directivos de la institución:

Fecha Dirigentes Citados Cargo / Rol
Lunes 9 de marzo Cristian Malaspina y Víctor Blanco Funcionarios directivos de AFA
Miércoles 11 de marzo Pablo Toviggino Tesorero de la AFA
Jueves 12 de marzo Claudio “Chiqui” Tapia Presidente de la AFA

La acusación de ARCA: retención y “apropiación indebida”

De acuerdo al expediente, la AFA actuó como agente de retención pero omitió depositar esos fondos en las cuentas del fisco dentro del plazo legal estipulado de 30 días corridos. Las maniobras bajo la lupa corresponden al período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, e incluyen retenciones de IVA, impuesto a las Ganancias y contribuciones previsionales.

Las cifras del escándalo escalaron rápidamente. A la denuncia inicial por más de $7.593 millones, se le anexaron recientemente otros $11.759 millones, elevando el monto total investigado a más de $19.300 millones.

Desde ARCA fueron categóricos en su postura legal: “Los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos”. De comprobarse el delito, la figura penal prevé condenas de dos a seis años de prisión.

Las pruebas que acorralan a la cúpula

La defensa de Tapia solicitó la nulidad del llamado a indagatoria argumentando que no hubo delito y que la deuda ya fue cancelada. Sin embargo, el juez Amarante desestimó el planteo basándose en dos elementos probatorios fundamentales:

  1. Movimientos financieros (Plazos Fijos): Un informe técnico demostró que la AFA no padecía asfixia económica para justificar la falta de pago. En diciembre de 2024 la entidad registró ingresos por $45.072 millones y durante 2025 superó los $453.449 millones. Lejos de cancelar sus obligaciones fiscales a tiempo, la institución constituyó múltiples plazos fijos en pesos y dólares con esos fondos.
  2. El testimonio interno: Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control de la AFA, complicó a la cúpula directiva. Declaró que su área preparaba las declaraciones juradas y notificaba los vencimientos a las autoridades (Presidente, Secretario y Tesorero). “Todos los vencimientos son informados vía mail (…) le mando un cuadro con la deuda acumulada y él me transmite la instrucción de pagar”, detalló, dejando en claro que las autoridades estaban al tanto y decidían sobre los desembolsos.