La escena fue tan cotidiana como riesgosa: un gobernador entre la gente, saludos, abrazos, una selfie improvisada. Pero en ese instante en que la política se mezcla con la calle, Osvaldo Jaldo perdió algo más que un objeto personal: le robaron el celular. El episodio, que ocurrió durante un acto en La Cocha, escaló rápidamente a nivel institucional. No solo por lo que representa, sino por las sospechas que ahora rondan el caso.
Este viernes, Jaldo rompió el silencio. Y lejos de minimizar lo ocurrido, dejó claro que no lo considera un hecho aislado.
“No hay que descartar que esto esté inducido. Hemos tocado muchos intereses con decisiones que antes nadie se animó a tomar”, afirmó con tono firme.
El gobernador relató que el teléfono fue sustraído luego de un saludo con una mujer, quien más tarde se presentó ante la policía y aseguró haberlo “encontrado”. Pero Jaldo no le cree.
“Tenemos pruebas de que fue ella y creemos que no actuó sola”, disparó.
Consultado sobre si alguien pudo acceder a los datos del dispositivo, fue cauto, pero dejó entrever preocupación:
“No tuvo tiempo. La policía actuó rápido. Lo que me preocupa son los temas institucionales que tratamos con gobernadores y funcionarios nacionales, que requieren cierto nivel de reserva”.
Porque en la era de los datos, un celular oficial no es solo un aparato: es una caja negra. Y si cae en manos equivocadas, puede volverse un riesgo político, judicial o incluso de seguridad nacional.
El mandatario reveló que este no fue el primer intento por vulnerar su privacidad.
“Me robaron la línea, me hackearon el celular, usaron mi nombre para importar mercadería. Incluso recibí amenazas de muerte”, recordó.
Para Jaldo, los hechos no son aislados, sino parte de un entramado de presiones contra su política de seguridad.
“Tenemos casi 30 condenados por narcomenudeo en un año y ocho meses. Este año ya secuestramos droga por el equivalente de todo 2024. Estamos tocando intereses”, subrayó.
Y en ese contexto, el robo cobra otra dimensión: la de una advertencia o un mensaje encubierto.
Pero si el objetivo era intimidar, no surtió efecto.
“A este gobernador no lo van a amedrentar”, dijo Jaldo, en una de sus frases más resonantes.
Y añadió:
“Le he ordenado al ministro de Seguridad y al jefe de Policía que profundicen todos los operativos. Yo voy a seguir recorriendo la provincia. La gente necesita un Estado presente, no gobernantes que solo se expresan por redes sociales”.
Una crítica directa —y no casual— al estilo hiperconectado de Javier Milei, aunque sin nombrarlo.
Mientras tanto, la causa quedó en manos de la Justicia, que ya imputó a Liliana Carrizo, la mujer que sustrajo el dispositivo. Hay sospechas de que el hecho podría estar vinculado a estructuras delictivas que operan en Alberdi, donde el Gobierno intervino el municipio por presuntas conexiones con el narcotráfico.
“La verdad va a salir a la luz. Si hay alguien detrás de este hecho, se va a saber. Yo no me voy a esconder ni a retroceder”, concluyó Jaldo.
En Tucumán, la política se entrelaza cada vez más con el delito. Y en ese cruce, hasta un celular robado puede convertirse en símbolo de una disputa mayor.