El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, recibió denuncias que señalaban que efectivos de la fuerza nacional cobraban sobornos a personas que regresaban de las ciudades fronterizas con Bolivia. Los demandantes informaron además que quienes realizaban estas maniobras eran los policías destinados en el puesto fijo de Rapelli, localidad santiagueña ubicada casi en el límite con Tucumán. Se trata de un destacamento en el que rota personal destinado tanto en nuestra provincia como en Santiago del Estero.
En el expediente figuraría que la maniobra estaba perfectamente aceitada. Tanto es así que el pago de los sobornos habría estado incluso tarifado. Por ejemplo, los tours de compras debían abonar $100.000; las camionetas, $80.000; y los utilitarios, $50.000. En el caso de los micros, los coordinadores reunían el dinero entre los pasajeros y luego se lo entregaban a los efectivos.
Simón ideó una estrategia para sorprender a los policías sospechados. Con autorización del juez Sebastián Argibay, marcó billetes para que los bagayeros se los entregaran a los federales.
Ayer, a las siete de la mañana, personal de Gendarmería Nacional se presentó en el destacamento. Durante el allanamiento encontraron, entre los más de $8 millones secuestrados, parte del dinero previamente marcado por los investigadores. Por esa razón, quedaron aprehendidos todos los uniformados que en ese momento se encontraban realizando controles.
Los implicados
En la causa quedaron implicados una oficial y seis suboficiales, todos tucumanos y con residencia en esta provincia. También terminaron detenidos dos coordinadores de viajes. Fueron acusados de cohecho y de encubrimiento de contrabando agravado por su condición de integrantes de una fuerza de seguridad.
El lugar donde se realizó el procedimiento es considerado una ruta clave para el contrabando. Por allí transitan los vehículos que intentan esquivar los controles del Operativo Lapacho y de Gendarmería Nacional instalados sobre la ruta nacional 34.
Fuente La Gaceta