Ese día, el mandatario participaba de la inauguración de una oficina de asistencia jurídica del Ministerio de la Defensa. Tras el acto, se desarrolló un almuerzo con dirigentes locales y de comunas rurales. Al finalizar, Jaldo advirtió que su celular había desaparecido.
Las imágenes captadas por un fotógrafo en el lugar permitieron identificar a Carrizo —integrante de la delegación de Los Pizarro— como la autora del robo. Horas después, policías y funcionarios llegaron a su domicilio, recuperaron el dispositivo y procedieron a su detención.
El fiscal Héctor Fabián Assad solicitó el allanamiento de la vivienda, donde además se secuestraron otros dispositivos electrónicos, pendrives y un celular del programa “Conectar Igualdad”.
El 19 de junio, la auxiliar de fiscal Emilse Guevara formalizó la imputación y se dictó un mes de prisión preventiva, que fue prorrogado en julio para completar la investigación. Al no hallarse pruebas que vincularan a terceros ni indicios de que se hubiera extraído información del aparato, el caso se resolvió mediante un juicio abreviado aceptado por todas las partes.
En la audiencia, que se extendió por más de una hora y media, se presentaron fotos, testimonios y pericias del Equipo Científico de Investigación Fiscal (ECIF). Carrizo admitió su responsabilidad y aceptó la pena.
El juez Cristian Velázquez homologó el acuerdo, impuso reglas de conducta —entre ellas, la prohibición de acercarse o contactar al gobernador— y ordenó su liberación inmediata. La condena quedó firme al renunciar la acusada a cualquier apelación.