El gobernador Osvaldo Jaldo aseguró que su número de CUIT había sido utilizado para recibir compras del exterior. No era un error administrativo. Detrás del número robado estaba una figura inesperada: Valentina Olguín, influencer y cantante oriunda de Santiago del Estero, con miles de seguidores y una estética que parecía más cercana a las pasarelas que a los tribunales.
El Juzgado Federal N°2 de Tucumán, a cargo del juez Juan Manuel Díaz Vélez, no tardó en actuar: procesó a Olguín por el delito de contrabando por simulación, sin prisión preventiva, y le impuso un embargo de 5 millones de pesos sobre sus bienes. Según la acusación, la joven utilizó el CUIT de Jaldo para realizar al menos cinco envíos entre septiembre y octubre de 2024. Las compras, todas de la tienda online estadounidense “Revolve”, fueron recibidas en su departamento del barrio porteño de Núñez.
No fue un caso aislado. La influencer habría empleado también los datos fiscales de otros cuatro gobernadores: Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Marcelo Orrego (San Juan). Ante esta expansión geográfica del expediente, el juez declaró la incompetencia parcial y derivó esas causas a la justicia federal de cada provincia.
La denuncia de Jaldo, fechada el 28 de octubre de 2024, activó una cadena de indagaciones. Aduana, Fedex y el Departamento Antisecuestro Norte de la PFA trabajaron juntos para desentrañar la trama. Pronto se reveló el método: Olguín falseaba datos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), lo que le permitió evadir controles y defraudar por más de 1.280 dólares. El perjuicio, aunque modesto en cifras, era mayúsculo en términos institucionales.
El 12 de diciembre, la PFA allanó su departamento. Allí se incautaron 16.646 dólares, once bolsas con ropa nueva, un iPhone 15 Pro, una computadora portátil, cámaras digitales y más de 300 GB de información en su celular, aún bajo análisis. Era el inventario de una vida virtual que ahora enfrentaba el rigor de la ley.
En su descargo ante el juez, Olguín se definió como “colaboradora de la marca” y admitió haber utilizado CUIT ajenos para sortear las trabas del régimen aduanero. Alegó “desconocimiento”, dijo haber elegido los números “al azar” por Internet, y calificó su conducta como “una decisión inmadura e irresponsable”. Recién habría descubierto que Jaldo era el gobernador de Tucumán al comenzar la causa. Afirmó que cesó las compras en septiembre, aunque el expediente la contradice.
El fiscal Agustín Chit, con asistencia de Julia Vitar, interrogó a la influencer sobre una búsqueda en Google encontrada en su celular: “¿Es legal usar el CUIT de otra persona?”. Su respuesta fue desconcertante: “Lo busqué por curiosidad, pero no encontré que fuera ilegal”.
El expediente describe al menos 16 operaciones de compra usando CUIT de autoridades provinciales. Todos los mandatarios negaron conocer a la imputada o haber autorizado el uso de sus datos personales. El juez consideró que los hechos vinculados a las otras provincias excedían su jurisdicción y derivó las causas a los tribunales federales de La Plata, Paraná, Santa Rosa y San Juan.
Mientras la investigación continúa, Valentina Olguín sigue en libertad, pero con la lupa judicial sobre cada paso. En un mundo donde las redes sociales crean ídolos instantáneos, esta vez el like no vino con aplausos, sino con una acusación por fraude fiscal y contrabando. La moda, al parecer, no siempre entra por la puerta grande: a veces llega en bolsas de nylon y con causas penales.