En los pasillos del derecho, donde todo suele estar escrito y normado, se coló una controversia que dejó a más de uno descolocado. El Colegio de Abogados acaba de encender una chispa con fuerte eco institucional: rechazó la rematriculación de abogados que se acogieron al retiro voluntario del Poder Judicial, esgrimiendo un argumento que pocos vieron venir.
“Siguen ligados al sistema judicial y, por tanto, no pueden ejercer libremente”, fue la frase del presidente del Colegio, Alberto López Domínguez, que agitó las aguas. Según su interpretación, quienes se acogieron a ese régimen mantendrían un vínculo incompatible con el libre ejercicio de la abogacía, aunque ya no ocupen cargos públicos.
La decisión no cayó bien entre los afectados, ni en parte del mundo jurídico. Exmagistrados, secretarios y funcionarios judiciales retirados han visto cerradas las puertas para volver a litigar, algo que consideran un derecho básico dentro de su carrera profesional.
El conflicto escaló rápido. La disputa ya está en manos de la Corte Suprema, que deberá definir si el Colegio tiene margen para negar la matrícula a profesionales que, en los papeles, ya no pertenecen al Poder Judicial.
Los que defienden la posición del Colegio sostienen que hay cuestiones éticas y de conflicto de intereses. Que el retiro voluntario implica ciertas condiciones que podrían limitar la práctica privada, sobre todo en casos vinculados al fuero en el que se desempeñaban. Pero del otro lado se argumenta que esa interpretación lesiona el principio de libre ejercicio profesional, y que ya no hay vínculo laboral que justifique la exclusión.
“Esto es un castigo encubierto”, denunció uno de los abogados afectados, que prefirió no dar su nombre. “Cumplimos con los requisitos legales, no tenemos sanciones ni inhabilitaciones, y sin embargo se nos impide trabajar”.
La decisión de la Corte Suprema será clave. No solo porque fijará un precedente para decenas de profesionales en situación similar, sino porque marca los límites entre la autonomía institucional del Colegio y los derechos individuales de los matriculados.