Una escena se repite cada vez con más frecuencia: un terreno fiscal cercado a las apuradas, postes recientes, algún rancho improvisado. Pero esta vez, la reacción fue inmediata. Este fin de semana, personal del Ejecutivo provincial —con respaldo de la Justicia— sorprendió a un usurpador mientras intentaba instalarse ilegalmente sobre tierras del Estado.
El operativo fue parte de un plan más amplio, impulsado por la Fiscalía de Estado, para recuperar espacios fiscales ocupados de manera irregular. Desde el organismo, no dudan en calificar el programa como un “éxito total”. La afirmación no es gratuita: según informaron, actualmente hay unos 30 trámites administrativos en curso que buscan frenar las usurpaciones sin llegar a la vía penal.
“El objetivo no es solo recuperar el terreno, sino prevenir que estos casos terminen en procesos judiciales largos y costosos”, explicaron fuentes del Gobierno. Por eso, la estrategia combina acción inmediata, apoyo judicial y un seguimiento administrativo que, en muchos casos, permite resolver los conflictos antes de que escalen.
La política de recuperación de tierras responde a un fenómeno que se ha vuelto recurrente en varias zonas del interior provincial: el crecimiento de asentamientos ilegales sobre terrenos fiscales, impulsados por la falta de acceso formal a la tierra y, en algunos casos, por maniobras organizadas.
El último operativo, que terminó con la desarticulación del intento de ocupación, se convirtió en un símbolo de la postura oficial: tolerancia cero frente a las usurpaciones.
Mientras tanto, la Fiscalía continúa con los procedimientos y advierte que seguirán actuando con celeridad. “La legalidad de la tenencia es innegociable”, sostienen desde el Ejecutivo. En una provincia donde el acceso al suelo es también un campo de disputa social, el mensaje parece haber sido claro.