Mientras la Gendarmería y la Policía provincial allanaban viviendas y oficinas municipales en Juan Bautista Alberdi, una decisión política terminaba de tomar forma en la Casa de Gobierno: el municipio sería intervenido. El detonante, un audio que en pocos días corrió de celular en celular, y que terminó por confirmar lo que muchos intuían: el poder en Alberdi tenía un costado oscuro.
Luis Campos, hasta ayer intendente peronista de esta ciudad de poco más de 20.000 habitantes, fue desplazado de su cargo por decreto. Lo mismo ocurrió con todo su gabinete y con el Concejo Deliberante. En su lugar fue designado un interventor, Guillermo Norry, un contador con trayectoria sindical y cercanía al ministro del Interior, Darío Monteros.
La pieza clave que precipitó la crisis fue una conversación grabada por el empresario de la construcción Roque Giménez, un viejo conocido en la zona. En el audio se lo escucha discutir con Campos, exigirle que le ceda el poder y, sin rodeos, declarar: “Acá el intendente soy yo. A la Policía la manejo yo, a la droga la manejo yo. Las muertes, todo manejo yo. Necesitás un Al Capone pa’ gobernar, no un Lassie”. En otro tramo, lo acusa de no tener autoridad: “Me extraña de vos que no tengas las bolas para gobernar”.
El diálogo fue una bomba. La grabación, según fuentes oficiales, revela más que una amenaza: deja entrever una red de relaciones peligrosas entre funcionarios municipales, empresarios y circuitos del narcomenudeo. El gobernador Osvaldo Jaldo no tardó en actuar. Respaldado por su gabinete y con la presencia del vicegobernador Miguel Acevedo, anunció la intervención por 180 días. La medida, explicó, busca restaurar el orden institucional en un municipio golpeado por denuncias, sospechas y, ahora, pruebas.
Durante la madrugada, además de las viviendas de Campos y su secretario de Hacienda, José Roldán, también fueron allanadas oficinas públicas. El despliegue fue inédito para los estándares locales. Funcionarios del gabinete provincial, el fiscal adjunto y el jefe de Policía acompañaron el procedimiento. El mensaje fue claro: la crisis no se barre bajo la alfombra.
Según establece la ley tucumana, al no haberse cumplido la mitad del mandato de Campos, los vecinos de Alberdi deberán elegir nuevas autoridades. La fecha tentativa es el 26 de octubre, en simultáneo con las legislativas nacionales. Será una jornada clave para una comunidad que carga ahora con el peso de un escándalo sin precedentes.
Luis Campos llegó al poder en 2003, impulsado por el entonces gobernador José Alperovich. Desde entonces, tejió una carrera política que lo llevó a alternar el sillón municipal con su esposa, Sandra Figueroa, hoy legisladora provincial. El modelo de poder familiar —tan habitual en los distritos del interior— parecía tener cuerda para rato. Pero la intervención podría marcar el punto final.
“Nos propusimos combatir el narcotráfico desde el primer día”, dijo Jaldo en conferencia de prensa. “Y eso incluye no mirar para otro lado cuando las sospechas caen sobre los propios”.
Lo que queda, ahora, es una ciudad en pausa, a la espera de reconstruir su institucionalidad. Y un mensaje que, desde la capital tucumana, pretende resonar más allá de Alberdi.