El Ministerio Público Fiscal (MPF) acusó al hombre por el delito de intimidación pública en calidad de autor y dictaron prisión preventiva por siete días por la amenaza de bomba a la sede de la Caja Popular de Ahorros ubicada en la esquina Norte de la Capital tucumana.
La fiscal de Delitos Complejos, Mariana Rivadeneira indicó lo siguiente:
“Por la conmoción social y el bien jurídico protegido podemos suponer que puede ser de cumplimiento efectivo (la pena). Asimismo, se vienen pidiendo medidas por el daño patrimonial y la puesta en funcionamiento de estos procedimientos donde se solicitan cautelares por el importe de $3 millones”.
En este caso, Rivadeneira solicitó la prisión preventiva durante tres meses por el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación y también señaló que el acusado tiene causas anteriores en el sistema conclusional de 2018, que si bien fueron archivadas, se referían al delito de amenazas agravadas por el empleo de armas o anonimato. Pero el juez que encabezó la audiencia resolvió que la prisión preventiva sea solo por siete días, dispuso el traslado al servicio penitenciario de Villa Urquiza y la inhibición general de bienes por un mes.
El caso
En un despliegue policial en respuesta a una amenaza de bomba, la División de Búsqueda y Captura de Prófugos y el Equipo Científico de Investigación Fiscal, lograron identificar y detener al responsable de un llamado al Servicio de Emergencias 911 el pasado lunes.
La alarma se desató cuando un llamado anónimo alertó sobre la presunta colocación de una bomba en la Caja Popular de Ahorros. De inmediato, el equipo de investigadores se movilizó para desentrañar la veracidad de esta amenaza y llevar a cabo una investigación exhaustiva.
Gracias a la colaboración del ENACOM, los investigadores lograron rastrear la ubicación del propietario de la línea telefónica utilizada para el llamado. Las pistas condujeron a dos direcciones: una en la Banda del Río Salí y otra en Alderetes. Esto llevó a la solicitud de medidas de allanamiento con el fin de incautar elementos de interés para la causa y detener al responsable de la amenaza.
Los allanamientos realizados por la División de Búsqueda y Captura de Prófugos resultaron ser exitosos, con la incautación de siete teléfonos celulares, una computadora y la detención del individuo responsable de la falsa alarma de bomba, quien quedó a disposición de la Justicia.
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