La noche cayó espesa sobre la Casa de Gobierno, pero dentro del recinto legislativo, el reloj parecía no correr. En una sesión extraordinaria convocada con apuro quirúrgico, la Legislatura provincial aprobó por mayoría el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo. El objetivo: intervenir la Intendencia y el Concejo Deliberante de Juan Bautista Alberdi. El argumento: la ingobernabilidad. El contexto: un hervidero judicial que amenaza con quemar más de una carrera política.
Mientras los discursos se sucedían entre lo institucional y lo indignado, a varios kilómetros de allí —y con menos solemnidad— agentes de la fiscalía federal revisaban oficinas, armarios y cajas polvorientas en el edificio municipal. Secuestraron documentos, computadoras y registros contables que serán sumados a la causa que investiga presuntos delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y malversación de fondos públicos. Todo apunta a una maquinaria que funcionó durante años sin ruido y que ahora cruje con violencia.
El DNU, según fuentes legislativas, había sido redactado con sigilo durante la madrugada anterior. Lo que se dice una medida de emergencia, aunque para muchos se sintió como un manotazo de poder. Las calles de Alberdi, mientras tanto, amanecieron entre la confusión y el rumor, con un nuevo interventor designado por decreto y un pueblo que empieza a preguntarse cuántas cosas pasaron sin que nadie se animara a verlas.