Este jueves, tal como lo definió la semana pasada la Comisión de Labor Parlamentaria, la Legislatura de Tucumán tendrá su cuarta sesión del año, en la que trataron diferentes temas, entre ellos algunos ligados a la salud.

Además, Patricia Lizárraga asumió formalmente como legisladora provincial. La ceremonia de jura, que se realizó como primer punto del orden del día, fue encabezada por el vicegobernador Miguel Acevedo, en su carácter de presidente de la Cámara.

Lizárraga ocupa la banca vacante tras la renuncia del legislador José Orellana. Durante el acto, estuvo acompañada por familiares, dirigentes y referentes del oeste tucumano, así como por el intendente de Famaillá, Enrique Orellana.

“Es un día muy especial para mí y para mi familia. Agradezco a Dios por darme esta posibilidad”, expresó emocionada la flamante legisladora. Asimismo, reafirmó su compromiso con el trabajo social y la representación femenina en la política: “Quiero seguir desarrollando mi trabajo en el área social y en todo lo que se pueda aportar desde la Legislatura”.

Además, confirmó su incorporación al bloque oficialista: “Agradezco el recibimiento de los legisladores, al vicegobernador, Miguel Acevedo, con quien ya veníamos trabajando desde la Intendencia, y al gobernador Osvaldo Jaldo. También a todos los compañeros de la sección oeste que me han acompañado en este camino”.

En cuanto a la composición del orden del día, Roque Tobías Álvarez indicó: “Vamos a tratar un convenio firmado con la Nación que permitirá ampliar el acceso a la tarjeta SUBE en Tucumán”.

El legislador destacó el tratamiento de iniciativas vinculadas a la salud, al turismo y a la cultura. En ese sentido, mencionó un proyecto para declarar el 7 de junio como el “Día Provincial del Síndrome de Tourette” con el objetivo de generar conciencia sobre esta condición.

Entre los proyectos de ley, resaltó las propuestas sobre expropiaciones que beneficiarán a instituciones deportivas y otras vinculadas al desarrollo turístico en la provincia.

Por otro lado, la Comisión de Legislación General, presidida por el parlamentario Gerónimo Vargas Aignasse, dio dictamen a la solicitud de autorización al Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano para transferir en concepto de donación a la “Asociación Civil Comunitaria de Desarrollo Social Carozo y Narizota”, un inmueble ubicado en la ciudad de Concepción; Otro proyecto solicita la declaración de utilidad pública y la expropiación de una fracción de terreno, en este caso ubicado en Simoca. El tercer proyecto con dictamen solicita la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de un inmueble ubicado en ruta provincial 305, km 8, de la ciudad de las Talitas, departamento Tafi Viejo.

En la sesión de hoy se destaca la propuesta referida a los cigarrillos electrónicos, que cuenta con acuerdo del oficialismo y de la oposición. Se trata de una modificación a la divulgada ley 7.575, sancionada durante el alperovichismo para establecer la prohibición a fumar en hospitales y clínicas, en escuelas, en locales de espectáculos cerrados o semicerrados, en medios de transporte público, en oficinas del Estado y en todo “lugar público o privado de uso público cerrado” (bancos, oficinas, bares, restaurantes, pubs, teatros y boliches, entre otros).

El texto aprobado en 2019 incorporaba a la Ley 7.575 la definición de cigarrillo electrónico o vapeador. “Es un dispositivo electrónico que utiliza una batería para calentar una solución líquida y convertirla en vapor. Está diseñado para la inhalación de sustancias como nicotina, aromatizantes y derivados químicos entre otras y puede, o no, asimilar a un cigarrillo convencional o a una pipa”, expresa. Y, en el párrafo donde consigna la prohibición de fumar tabaco en lugares cerrados, agrega “utilizar cigarrillos electrónicos y narguiles”.

La norma añade que, en los carteles previstos por la Ley 7.575, se debe añadir el impedimento a usar esos dispositivos, además del cigarrillo de tabaco. A ello se suma también la prohibición a “la importación, distribución, comercialización y publicidad o cualquier modalidad de promoción del cigarrillo electrónico en todo el territorio de la Provincia”. También se incorporaron sanciones para cada una de las eventuales infracciones.

Fuente El Tucumano