La fiscal, Mariana Rivadeneira, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, había requerido las medidas. Participó el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).
Luego de las pericias practicadas a los teléfonos secuestrados en el marco de la causa donde se investiga el delito de instigación a cometer sedición, este miércoles y por pedido de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del MPF, a cargo de Mariana Rivadeneira, se solicitó cinco órdenes de detención y más de 10 allanamientos en distintos domicilios de la provincia, tanto de capital como del interior (Tafí Viejo, El Colmenar, Río Chico, Leales, San Andrés, Simoca y Ranchillos, Villa Mariano Moreno, León Rougés y Leales). Hasta el momento fueron detenidos tres masculinos.
Los auxiliares de fiscal, Juan Pablo Godoy y Brenda Deroy, supervisan las tareas, acompañados por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y personal policial. “La detención que se solicita a las personas surge de las averiguaciones realizadas, según las cuales los requeridos habrían enviado mensajes instigando a un levantamiento de las fuerzas policiales. Por otra parte, dichos allanamientos también tienen por objeto el secuestro de teléfonos celulares, tablets, computadoras de escritorio y notebooks”, señalaron los investigadores.
Según la teoría del caso, el jueves 22 de febrero del corriente año, los cuatro efectivos policiales (con prestación de servicios en Patrulla Motorizada de Las Talitas, en la comisaría de Aguilares y en Relaciones Policiales) y el empleado municipal de Lules, junto a otros efectivos crearon un grupo de WhatsApp al que denominaron “Sueldo Policial 2024”, quienes comenzaron a cursar invitaciones para unir a más empleados de la fuerza policial provincial, llegando a superar los mil integrantes, con la finalidad de movilizar a los efectivos (dado su disconformidad con los salarios que perciben).
En dicho grupo se enviaron mensajes donde se instigaba al acuartelamiento como así también efectuaron diversos cometarios en la red social Tik Tok, con la intencionalidad de incitar a otros policías a cometer el delito de sedición, en tanto, invitaban a sus compañeros a hacer huelga y acuartelarse en contra de sus superiores, en perjuicio del orden y de la seguridad pública.
“Está acreditada la existencia de un grupo de WhatsApp con más de mil integrantes y el modo comisivo fue a través de redes sociales, entendiendo que la evidencia resulta compleja por el modo digital y las características particulares”, dijo la fiscal, Mariana Rivadeneira, el miércoles 27 de febrero cuando se le formularon cargos a cinco acusados, a los que se sumó un letrado el 1 de marzo.
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