El celular del gobernador Osvaldo Jaldo estaba en su saco. Un instante antes, había posado para una foto. Sonriente, rodeado de vecinos de La Cocha, uno más de los tantos recorridos que viene haciendo por los pueblos del sur tucumano. Pero al subir al vehículo oficial rumbo a la capital, notó el vacío. No estaba el teléfono. Era más que un descuido: era un problema de Estado.
Lo que parecía un hurto menor, rápidamente se transformó en una trama inquietante. La Justicia tucumana ordenó este jueves la prisión preventiva por 30 días para Liliana Carrizo, la mujer de 34 años acusada de robar el dispositivo. No solo por el hecho en sí, sino por lo que podría ocultar: un posible entramado de redes delictivas, narcotráfico y operadores políticos que orbitan la conflictiva localidad de Alberdi.
La foto, la pista y la detención
El golpe fue sigiloso. Carrizo se habría infiltrado entre los asistentes al acto. Esperó el momento justo, cuando Jaldo saludaba y posaba para las cámaras. Entonces, con movimientos calculados, deslizó la mano al bolsillo interior del saco y se llevó el celular.
El gobernador no notó nada hasta que subió a su vehículo. Pero un fotógrafo, testigo involuntario del robo, captó más de lo que esperaba. Las imágenes permitieron identificar a la sospechosa. La policía llegó pronto a su domicilio en Los Pizarros. No solo recuperó el celular: también secuestró una notebook, tres pendrives y otro teléfono móvil. Elementos que ahora son clave para determinar qué ocurrió durante las horas en que el aparato estuvo en sus manos.
Una hipótesis que preocupa
La fiscal Emilse Guevara, bajo la dirección de Héctor Fabián Assad, fue categórica:
—“No descartamos que este hecho forme parte de un plan mayor”, dijo.
El foco de la investigación va más allá del hurto. La sospecha principal es que el celular podría haber sido manipulado para acceder a información sensible del Ejecutivo provincial. ¿Mensajes? ¿Contactos? ¿Geolocalización? Cualquier dato extraído, incluso por minutos, podría ser un riesgo de seguridad institucional.
Además, el contexto no ayuda. El gobierno provincial acaba de intervenir el municipio de Alberdi, tras denunciar vínculos entre estructuras narco y sectores políticos locales. Carrizo, según trascendió, tendría lazos con ese entramado. Por eso, el juez Cristian Velázquez rechazó el pedido de arresto domiciliario y ordenó su traslado inmediato a la alcaldía de Delfín Gallo.
“Es la primera vez que me pasa”
El gobernador Jaldo rompió el silencio tras el escándalo:
—“Es la primera vez que me ocurre algo así”, dijo, aunque aclaró que no reforzará su seguridad.
—“Siempre hemos estado cerca de la gente, y eso implica ciertos riesgos. Pero confío en que la Justicia determinará las responsabilidades”.
La querellante Paula Morales, por su parte, fue más allá. Habló de intentos de desestabilización política y de sectores interesados en frenar la lucha contra el crimen.
—“Este hecho puede estar vinculado con los intereses que enfrentamos en Alberdi”, sostuvo.
Por ahora, Carrizo eligió el silencio. No declaró en la audiencia. Su abogado, Pablo Cannata, pidió prisión domiciliaria, sin éxito. La fiscalía, mientras tanto, avanza con análisis forenses, peritajes técnicos y entrevistas a testigos. El celular de Jaldo, ahora en poder del Ministerio Público, se transformó en una pieza de alto valor.
En Tucumán, donde las tensiones entre política y delito se entreveran cada vez más, un celular robado en plena calle podría ser la punta del ovillo de algo mucho más grande. La Justicia tendrá que decidir si se trató de una oportunidad al paso o de un mensaje disfrazado de descuido.