La obra marca la reactivación de uno de los proyectos habitacionales más ambiciosos del norte argentino. Además de las viviendas, la planificación integral prevé 22 locales comerciales, 1.400 lotes con servicios, y una futura ampliación a 1.656 unidades habitacionales, junto con espacios comunitarios destinados a salud, educación, cultura y recreación.

Una apuesta a la inversión local

El relanzamiento del Procrear en Tucumán se da en un contexto nacional de virtual paralización de la obra pública, por lo cual la decisión del Gobierno provincial de continuar con el financiamiento a través de recursos propios adquiere una dimensión estratégica.

“El inicio de estas obras refleja el compromiso del gobernador Osvaldo Jaldo con una política habitacional que no se detiene. Nuestra tarea es clara: construir viviendas, generar empleo y ayudar a las familias a cumplir con el sueño del techo propio”, expresó el ministro de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Nazur, al confirmar el arranque de los trabajos.

Empleo y proyección social

Además del impacto directo en el acceso a la vivienda, el emprendimiento representa una fuente clave de generación de empleo en el sector de la construcción. Las tareas estarán a cargo de 22 empresas locales, lo que implicará una reactivación del movimiento económico y laboral en la región.

Desde el Gobierno provincial informaron que aún no están definidos los mecanismos de adjudicación de las viviendas y los lotes. No obstante, aclararon que una vez establecidos, serán comunicados de manera oficial y abierta a toda la ciudadanía.

Desarrollo urbano con visión integral

El nuevo barrio a construirse en Manantial Sur busca integrar no solo soluciones habitacionales, sino también una estructura urbana moderna que combine servicios esenciales con desarrollo económico y espacios públicos de calidad. En ese sentido, el proyecto contempla infraestructura para comercios, centros de salud, instituciones educativas y áreas culturales y recreativas.

Con esta iniciativa, Tucumán reafirma su apuesta por una política de Estado orientada a garantizar el derecho a la vivienda digna y el fortalecimiento del entramado social, incluso en un escenario nacional de recortes.