La iniciativa fue presentada en el marco del ciclo “Escuela en Debate”, donde funcionarios adelantaron las primeras líneas de la política educativa que el Ejecutivo busca materializar en la Legislatura en las próximas semanas.
1. Enseñanza religiosa confesional
Uno de los puntos que más controversias despierta es la incorporación de enseñanza religiosa de carácter confesional dentro del horario escolar.
Esto implicaría un cambio sustancial en la estructura actual, ya que la educación pública tucumana no contempla la enseñanza obligatoria vinculada a cultos específicos.
El Gobierno sostiene que el objetivo es “reconocer la identidad cultural y espiritual de las comunidades”, mientras que sectores docentes y organizaciones civiles advierten que podría vulnerar la libertad de conciencia y afectar el carácter laico del sistema estatal.
Además, especialistas recuerdan que fallos judiciales recientes en otras provincias —como Salta, donde la Corte Suprema ordenó retirar los contenidos religiosos del horario escolar— podrían anticipar futuros debates legales.
2. Planes de estudio propios de cada institución
Otro punto clave del proyecto es la descentralización curricular, permitiendo que cada institución elabore sus propios planes de estudio.
Según el Gobierno, la medida apunta a dar mayor autonomía pedagógica, estimular innovaciones educativas y permitir que las escuelas adapten contenidos a su realidad territorial.
Sin embargo, gremios docentes y rectores advierten que esta flexibilización podría generar desigualdades entre instituciones, diferencias en la calidad educativa y dificultades en el sistema de evaluación unificado.
Además, implicaría fortalecer equipos técnicos que muchas escuelas —especialmente rurales o de zonas vulnerables— hoy no poseen.
3. Declaración de la educación básica como actividad esencial
El proyecto también propone declarar la educación básica como servicio esencial, lo que permitiría garantizar la continuidad del ciclo lectivo incluso en contextos de conflicto gremial.
La medida generó lecturas contrapuestas: para el Gobierno implica “priorizar el derecho del estudiante a aprender”; para los sindicatos, es un intento de limitar el derecho a huelga.
De avanzar en la Legislatura, este punto podría impactar directamente en las negociaciones salariales y en futuros escenarios de protesta docente.
Contexto político y social
La reforma se impulsa en un momento sensible: caída en los indicadores de aprendizaje, tensiones salariales y presión social por mejorar la calidad educativa.
El Gobierno busca mostrar iniciativa y conducción en un área clave, mientras que la oposición pide abrir la discusión en foros públicos y garantizar instancias de participación docente.
La conversación ya comenzó a instalarse en las escuelas, en las familias y en los propios medios de comunicación, donde el tema se sigue de cerca. La Legislatura será el próximo escenario donde se pulseará el alcance real de estas transformaciones.