Tucumán amanece hoy con el recuerdo de una herida que lleva dos décadas abierta. Este jueves 26 de febrero se cumplen exactamente 20 años de la noche en que Paulina Lebbos (23) salió de su casa para no volver jamás. Aquella madrugada de 2006, la joven estudiante de Comunicación Social había ido al boliche “Gitana” para celebrar la aprobación de una materia, sin imaginar que sería víctima de una atroz tortura seguida de muerte que cambiaría para siempre la historia judicial de la provincia.
Desde ese entonces, su padre, Alberto Lebbos, se transformó en un símbolo de resistencia. A 20 años del hecho, su reclamo sigue siendo el mismo: verdad y justicia. Lebbos no duda en calificar la falta de resolución definitiva del caso como una “catástrofe jurídica”, denunciando sistemáticamente que la investigación estuvo estancada por “maniobras de encubrimiento” orquestadas desde las esferas del poder político para proteger a los responsables.
La noche trágica
La reconstrucción de los hechos indica que Paulina salió del boliche y se subió a un remis junto a su amiga y compañera, Virginia Mercado. Según la versión sostenida durante años, Mercado se bajó en su casa y Paulina siguió viaje hacia la vivienda de su ex pareja.
Sin embargo, el caso tuvo un vuelco dramático. Mercado confesó que había mentido en su declaración original tras detectarse incongruencias. Actualmente imputada por encubrimiento agravado, su testimonio falso fue una de las piezas que impidió avanzar antes en la causa. “Le pedí que diga la verdad”, recordó Alberto Lebbos sobre el momento en que se enfrentó a la testigo clave.
Un juicio que se hace esperar
Mientras se conmemora este doloroso aniversario, la causa judicial atraviesa horas decisivas. Si bien estaba previsto que el próximo lunes 2 de marzo comenzara el juicio oral contra los principales sospechosos, Víctor César Soto (ex pareja) y Sergio Hernán Kaleñuk (hijo de un ex funcionario), el proceso sufrió una nueva dilación.
En las últimas horas, el fiscal de Cámara, Daniel Marranzino, solicitó apartarse de la acusación y pidió que sea el fiscal de instrucción, Carlos Sale, quien asuma ese rol. Además, requirió una prórroga de una semana para analizar las pruebas.