El reloj político marca el pulso de un nuevo debate nacional. El Gobierno avanza con un proyecto de ley que propone reducir de 16 a 14 años la edad mínima para juzgar penalmente a menores. En medio del ruido legislativo y de los discursos de mano dura, una voz se alzó desde el corazón de Tucumán: la Iglesia.
No fue una declaración al pasar ni una opinión suelta desde el púlpito. Fue una postura institucional, meditada, canalizada a través del referente de la Pastoral Social, José Abuin, quien en los últimos días mantuvo reuniones con legisladores nacionales por Tucumán para hacerles llegar el posicionamiento de la Iglesia local frente al proyecto.
“No se trata solo de discutir cifras o edades, sino de preguntarnos qué modelo de país queremos construir”, habría dicho Abuin, según fuentes cercanas al encuentro. En otras palabras, la Iglesia tucumana se mete en el centro del debate con una consigna clara: la respuesta al delito juvenil no puede limitarse al castigo.
Mientras tanto, en los pasillos del Congreso, el proyecto avanza con respaldo del oficialismo nacional y en medio de divisiones dentro de la oposición. Pero puertas adentro de Tucumán, el planteo eclesial reabre una discusión de fondo: ¿qué condiciones sociales, familiares y estructurales empujan a un adolescente al delito?
La intervención de la Iglesia no busca torcer decisiones parlamentarias, pero sí incomodar certezas. Con su participación, intenta rehumanizar un debate que, muchas veces, se da en clave de cifras, encuestas y titulares que venden miedo.
Porque en el fondo, lo que está en juego no es sólo una edad en el Código Penal, sino la capacidad del Estado —y de la sociedad— de mirar a los jóvenes más allá de su prontuario.