El conflicto judicial y político entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) suma un nuevo y explosivo capítulo. En las próximas horas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentará una denuncia penal contra la casa madre del fútbol por la presunta utilización de facturas apócrifas para justificar supuestas obras en el predio que la Selección posee en Ezeiza.
La investigación del ente recaudador pone la lupa sobre una serie de contrataciones millonarias adjudicadas a empresas que, según los registros oficiales, no cuentan con la capacidad operativa, el respaldo económico ni el personal necesario para llevar a cabo los trabajos facturados.
Ocultamiento y empresas “fantasma”
De acuerdo a la información recabada, la decisión de ARCA de avanzar penalmente se precipitó luego de que la AFA se negara a entregar el listado del personal que ingresó al predio para ejecutar dichas obras. Desde Viamonte se escudaron argumentando que parte de esos ingresos poseían carácter “privado y confidencial”.
El organismo ya había alertado al juez Diego Amarante en enero sobre el modus operandi de la AFA. Entre los casos más llamativos que fundamentan la inminente denuncia se encuentran:
- Maxstore SA: Emitió comprobantes por $23 millones para obras y trabajos de pintura. Sin embargo, su actividad declarada es la venta de electrodomésticos y telefonía. La empresa no fue hallada en su domicilio fiscal y es considerada una “usina” sin capacidad financiera.
- Central Hotel SRL: Facturó $9,6 millones por supuestas obras. Su rubro registrado es el alojamiento y servicio de restaurante. No cuenta con empleados ni capacidad económica suficiente.
- Meroka SRL: Cobró $7 millones por trabajos en Ezeiza, pero figura registrada para actividades de “fast food” y venta de cereales. No posee bienes a su nombre ni actividad financiera acorde.
Un cerco judicial que se estrecha
Esta nueva acusación por facturación falsa se acumulará al expediente que ya tramita en la Justicia Federal, donde ARCA denunció a la AFA por la retención indebida de aportes y tributos nacionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
El monto total de esa evasión bajo investigación supera los $19.300 millones. Por esta causa, el juez Amarante impuso la prohibición de salida del país para el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, quienes deberán presentarse a declaración indagatoria los próximos 5 y 6 de marzo, respectivamente.
La defensa en Viamonte
Frente a la embestida judicial, la AFA emitió un comunicado en el que negó “rotundamente” tener deudas fiscales exigibles. La conducción de Tapia sostiene que los pagos se realizaron de forma voluntaria antes de los vencimientos y acusó a ARCA de intentar transformar obligaciones vigentes en un delito penal tributario, denunciando además una persecución por ser “la única entidad sin fines de lucro denunciada penalmente” en una situación de este tipo.
TN