El debate por la reforma de la Ley de Glaciares sube de temperatura en la Cámara de Diputados. Este miércoles 25 de marzo comienzan las audiencias públicas impulsadas por las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, en un clima marcado por la tensión logística, los reclamos judiciales y la movilización en las calles.

Si bien la convocatoria generó un interés sin precedentes con la inscripción de 102.000 personas, el oficialismo determinó que habilitar a todos los anotados resultaba inviable. Ante esto, se dispuso un esquema mixto y restringido que priorizó a los primeros inscriptos de cada provincia para garantizar representación federal.

El filtro oficial y el revés judicial

La decisión de acotar la lista de oradores generó un fuerte rechazo. Desde sectores de la oposición y organizaciones socioambientales denunciaron que el mecanismo silencia a la gran mayoría de los interesados, ya que menos del 0,3% podrá tomar la palabra en vivo.

Intentaron frenar este filtro mediante una medida cautelar para que se les diera lugar a todos los anotados, pero el juez federal Enrique Alonso Regueira (a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°5) desestimó el planteo, dándole luz verde al esquema diagramado por el Congreso.

Cómo será el formato de participación:

Modalidad Detalle
Presencial (Hoy) 180 expositores presenciales a partir de las 10:00 hs en la sala del piso 2 del Anexo C.
Virtual (Jueves) 180 expositores de manera remota, también desde las 10:00 hs.
Diferida (Resto de inscriptos) Quienes quedaron afuera pueden enviar un video de hasta 5 minutos a YouTube o un documento escrito para ser sumado al expediente.

¿Qué cambia la reforma de la Ley de Glaciares?

El proyecto de reforma, que ya cuenta con media sanción del Senado, apunta a flexibilizar ciertos parámetros de la normativa vigente. Sus dos puntos más polémicos son:

  1. Acotar la protección: Propone limitar el resguardo de las zonas periglaciares solo a aquellas formaciones que cumplan una función hídrica comprobable.
  2. Poder a las provincias: Plantea otorgar mayor protagonismo a los gobiernos provinciales en la actualización del inventario de glaciares, una tarea técnica que actualmente recae sobre un organismo científico nacional.