El paso del ministro de Economía, Luis Caputo, por Nueva York dejó sensaciones ambivalentes. En la previa al discurso del presidente Javier Milei en la Asamblea de la ONU, el funcionario mantuvo un encuentro clave con inversores en la sede central del JP Morgan. Allí, bajó un mensaje optimista: aseguró que La Libertad Avanza está en condiciones competitivas de cara a los comicios y destacó que el escenario macroeconómico es sustancialmente mejor que el de 2023.
Sin embargo, a pesar del discurso oficial, crecen las dudas en la City respecto a una eventual presión cambiaria. El programa financiero que presentó el Gobierno tiene contemplados vencimientos por US$24.900 millones para 2027 y cuenta con fuentes de financiamiento equivalentes. El problema radica en que dicha hoja de ruta cubre las necesidades del Tesoro, pero no tiene en cuenta una variable que suele dispararse en épocas de urnas: la mayor demanda de dólares por parte del sector privado.
Los datos del mercado ya muestran señales de alerta. Informes privados sostienen que la dolarización de carteras se cuadruplicó desde mayo. Además, durante el 2025, las compras de divisas y las transferencias sin fines específicos treparon a los US$32.000 millones, marcando el nivel más alto de las últimas dos décadas en el marco del levantamiento del cepo. ¿Podría este comportamiento anticipar lo que ocurrirá en 2027?
Las estimaciones y la búsqueda de respaldo
Según los analistas del mercado, la demanda potencial del sector privado podría escalar a una cifra de entre US$30.000 millones y US$40.000 millones el próximo año. “Hace meses crece el apetito por activos dolarizados”, reconoció un agente financiero a la Agencia Noticias Argentinas.
Esta encrucijada plantea un doble desafío: por un lado, se necesitarán dólares contantes y sonantes para afrontar los compromisos de deuda; por el otro, el Banco Central (BCRA) deberá sostener la acumulación de reservas y conservar un amplio margen de liquidez para intervenir rápidamente ante una eventual corrida cambiaria. “Un número razonable de poder de fuego estaría más cerca de los US$20.000 millones líquidos”, advierten los especialistas.
Frente a este escenario, el equipo económico ya evalúa alternativas para llegar a 2027 con mayor solvencia. Fuentes al tanto de las negociaciones revelaron que el Gobierno busca sumar nuevas fuentes de respaldo. A la ya conocida asistencia de los Estados Unidos (cuyo Tesoro intervino directamente en el mercado local en octubre de 2025), se le suma la posibilidad de recurrir otra vez a entidades financieras internacionales.
Desde inicios de mes, Economía avanza en tratativas para obtener alrededor de US$1.000 millones a través de nuevos créditos privados respaldados por organismos regionales. La CAF y Fonplata ya aprobaron programas de garantías que permitirían asegurar ese financiamiento. Este mecanismo no es nuevo para la gestión libertaria: durante este año, ya se consiguieron US$3.200 millones utilizando garantías del Banco Mundial y el BID.
El “plan anticorrida” también contempla el financiamiento vía operaciones de pase pasivo (REPO) con bancos internacionales, herramienta que el BCRA utilizó exitosamente en enero (por US$3.000 millones) y en julio (refinanciando US$6.000 millones con vencimientos estirados hasta septiembre de 2028).
El propio Luis Caputo intentó llevar tranquilidad a los inversores sobre estas gestiones, confirmando que la estrategia oficial buscará combinar el fondeo para el Tesoro con el necesario refuerzo de liquidez para el Banco Central de cara a las presiones del calendario electoral.
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