El 27,4 por ciento de los hogares argentinos tuvo que recurrir a familiares, amigos, financieras u otras fuentes de financiamiento para sostener su economía cotidiana durante el tercer trimestre de 2025. Los datos se desprenden del informe “Pedir prestado para cubrir los gastos habituales”, elaborado en el marco de la Encuesta Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA).
La brecha social y el estrés económico
El estudio indica que este fenómeno responde a múltiples factores, entre ellos la condición de pobreza, el estrato socioeconómico, el lugar de residencia y la percepción de que los ingresos no alcanzan. Esta última variable genera lo que se denomina “estrés económico”, empujando a las familias a un uso defensivo del crédito en un contexto sin margen de maniobra y bajo condiciones sumamente costosas.
Este accionar se da con mayor fuerza en aquellos grupos con ingresos insuficientes. En el estrato socioeconómico pobre, el número de quienes se vieron obligados a pedir dinero para cubrir sus necesidades básicas llegó al 44,4 por ciento, mientras que en los sectores no pobres la cifra descendió al 22,4. Esta brecha de 22 puntos porcentuales refleja una incidencia casi dos veces mayor en la base de la pirámide social.
La urgencia se hace aún más evidente al analizar la tensión financiera: el 49,2 por ciento de los hogares que sufren estrés económico debió endeudarse, frente a solo un 13,3 por ciento de los hogares sin esta presión. En este marco, los picos más elevados de estrés se registraron en los hogares pobres (55,8%) y en personas pertenecientes al estrato muy bajo (55,4%).
Propuestas para evitar el sobreendeudamiento a largo plazo
Frente a este complejo panorama, el informe de la UCA concluye que el problema no radica en el acceso al crédito en sí mismo —herramienta que bien utilizada puede ampliar oportunidades—, sino en su implementación como salvavidas diario. Para abordar la situación, el estudio delineó cuatro propuestas centrales orientadas a proteger a los consumidores.
En primer lugar, se remarcó la urgencia de lograr una recuperación genuina de los ingresos y el empleo. En segunda instancia, se sugirió implementar una evaluación responsable de la capacidad de pago para detectar qué perfiles tienen menos margen para absorber imprevistos o aumentos de costos. A su vez, se pidió exigir información clara sobre el costo financiero total en todas las fuentes de financiamiento, y, finalmente, crear mecanismos tempranos de refinanciación para evitar que un desajuste transitorio se convierta en un sobreendeudamiento irreversible.