La causa que investiga la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un dato revelador que abre una nueva y compleja línea de investigación. A partir de información extraída del teléfono de la titular de la inmobiliaria Rucci, la Justicia constató que el cuestionado departamento de Caballito ya estaba refaccionado y era ofrecido como “a estrenar” antes de que el funcionario concretara la compra.
El foco de los investigadores se posa ahora sobre Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas prestamistas, para determinar si fue él quien financió y ejecutó dichas obras, y por qué esos costos no parecen reflejarse en la operación final.
El misterio de las refacciones y los números que no cierran
De acuerdo con la cronología que reconstruye el fiscal federal Gerardo Pollicita, la cadena de la propiedad presenta irregularidades financieras:
- La primera venta: El exfutbolista Hugo Morales era el dueño original. Declaró que el inmueble requería muchos arreglos y, ante la falta de compradores, aceptó venderlo por US$ 200.000 asumiendo la pérdida.
- Los intermediarios: El día de esa primera escritura se presentaron dos jóvenes compradores (Feijoo y un hombre de apellido Miano) acompañados por las dos mujeres jubiladas que luego financiarían a Adorni. El departamento se entregó en mal estado.
- La reventa: Tiempo después, Feijoo ofreció la propiedad a la inmobiliaria con fotos que mostraban el lugar completamente renovado e impecable.
- El bache económico: Adorni declaró haber comprado ese mismo departamento a estrenar por US$ 230.000. La Justicia se pregunta cómo es posible que una refacción integral haya costado tan solo US$ 30.000 (la diferencia entre ambas ventas).
A esto se suma la ya conocida y llamativa modalidad de pago: Adorni aportó US$ 30.000 en efectivo y los US$ 200.000 restantes fueron financiados directamente por las jubiladas (Beatriz Viegas y Claudia Sbabo) a través de una hipoteca sin intereses y con un plazo de un año, pese a que las mujeres declararon no conocer al funcionario.
Gastos bajo la lupa: “una cuenta que no cierra”
En paralelo a la ruta del departamento, el fiscal Pollicita analiza exhaustivamente la evolución patrimonial general del jefe de Gabinete. El objetivo es contrastar sus erogaciones con sus ingresos como funcionario público (cuyo salario estuvo congelado hasta enero de este año).
Fuentes del caso sintetizan que “a la Justicia hay una cuenta que no le cierra”. Entre los llamativos movimientos en dólares se encuentran:
- US$ 30.000 de adelanto por el departamento de calle Miró.
- US$ 20.000 vinculados a la compra de otra propiedad en el exclusivo country Indio Cuá.
- US$ 30.000 destinados a cancelar parcialmente una hipoteca previa.
- US$ 7.600 en un vuelo a Punta del Este.
- US$ 5.154 por un pasaje aéreo a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.
- US$ 5.000 correspondientes a la tasa de ingreso al country.
Batería de medidas: de YPF al secreto bancario
Para desentrañar este entramado, el juez federal Ariel Lijo autorizó un paquete de nuevas medidas de prueba solicitadas por la fiscalía. La Justicia libró oficios a múltiples organismos públicos y privados para rastrear cada centavo del matrimonio:
- Organismos del Estado: Se solicitó información a la ANSES (para reconstruir la historia laboral de una prestamista), al Registro Automotor (por un vehículo de Adorni), al Instituto de Vivienda de la Ciudad (por un crédito de su esposa) y a ARBA (por el lote en Indio Cuá).
- Entidades privadas: Se requirieron resúmenes completos de tarjetas de crédito al Banco Galicia, informes a la Comisión Nacional de Valores (CNV) por posibles operaciones bursátiles, y a aerolíneas internacionales para saber quién y cómo pagó los costosos pasajes.
- El rol en YPF: Se envió un oficio a la petrolera estatal para determinar de manera oficial si Adorni percibió remuneraciones económicas como miembro del directorio.