La causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó un nuevo capítulo con el pedido de indagatoria para Diego Spagnuolo, Daniel María Garbellini, Miguel Ángel Calvete y más de 20 empresarios vinculados a la provisión de insumos médicos de alto costo. Según la fiscalía, se habría montado un esquema articulado entre funcionarios y privados que generó erogaciones por más de $75.478 millones de pesos del Estado.
De acuerdo con lo acreditado por la Fiscalía, las maniobras se desarrollaron al menos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. Durante ese período, funcionarios de la Andis direccionaron de manera deliberada múltiples compras de insumos denominados PACBI, favoreciendo a proveedores vinculados, quienes resultaron adjudicatarios de millonarias contrataciones a cambio de retornos y beneficios indebidos.
Las actuaciones judiciales indican que el entramado incluyó a más de 20 empresarios y más de 30 firmas, articulados con referentes del sector público como Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini, y del ámbito privado, entre ellos Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian.
Las compras irregulares y el impacto en el sistema de salud
Los hechos investigados adquieren especial gravedad por el tipo de insumos involucrados. Se trata de dispositivos médicos de alto costo, como prótesis para amputaciones, implantes cocleares, materiales para cirugías complejas y sillas de ruedas motorizadas, entre otros.
Estos productos eran gestionados a través del Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad o enfermedades crónicas en situación de vulnerabilidad, sin cobertura médica específica.
Según determinó la investigación, el Programa Incluir Salud, dependiente de la Andis, fue utilizado como plataforma para implementar un sistema ilegal de pagos permanentes en favor de determinados proveedores.
La Fiscalía sostuvo que, en lugar de cumplir con su función social, el programa fue utilizado para canalizar recursos públicos hacia intereses privados, afectando tanto al Estado como a la población destinataria de estas políticas.
Otras acusaciones en Andis
El esquema incluyó prácticas como la autorización selectiva de comercialización con la Andis, la filtración de información privilegiada para facilitar adjudicaciones y la coordinación entre empresas para manipular procesos de contratación.
Además, se detectó la participación directa de empresarios en decisiones clave, como la definición de precios, la selección de proveedores adjudicatarios y la contratación de personal.
Tras siete meses de investigación, la Fiscalía concluyó que la Andis operó como una estructura discrecional destinada a concentrar beneficios económicos en proveedores específicos, mediante contrataciones por fuera de los principios de transparencia, competencia y control que rigen la administración pública.
Actualmente, la causa cuenta con 19 personas procesadas y más de 20 involucrados adicionales sobre los cuales se solicitó el llamado a indagatoria.
Posibles nuevos implicados y línea de investigación
El fiscal Franco Picardi continúa profundizando la investigación, con foco en la posible participación de otros actores, tanto personas físicas como jurídicas.
Asimismo, se analiza el circuito financiero del dinero involucrado, ante la existencia de indicios que podrían dar cuenta de maniobras de lavado de activos.
Dada la complejidad del caso, la Fiscalía cuenta con el apoyo de distintas áreas de la Procuración General de la Nación, entre ellas la PIA (Procuraduría de Investigaciones Administrativas), la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (Sifrai).
El avance de la causa puso en evidencia una trama de corrupción de gran escala, donde recursos públicos destinados a sectores vulnerables fueron desviados hacia intereses particulares.
El caso Andis reabre el debate sobre los mecanismos de control del Estado y el uso de fondos públicos, en un contexto donde la salud de los sectores más vulnerables quedó atravesada por prácticas ilícitas que comprometieron el funcionamiento del sistema.