El sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina y otros nueve imputados en la causa que investiga el lanzamiento y posterior derrumbe de la criptomoneda $LIBRA fue formalmente apelado. La presentación fue impulsada por Juan Patricio Marchetto, uno de los inversores perjudicados, quien mediante un escrito de 40 páginas patrocinado por los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik, solicitó que se revoque la resolución judicial y continúe la investigación por presunta estafa.
El recurso apunta con dureza contra el accionar del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Eduardo Taiano. El magistrado había dispuesto el sobreseimiento de los once investigados el último viernes a pedido de la Fiscalía, sin haber citado a ninguno a prestar declaración indagatoria. En su escrito, el apelante sostiene que el juez incurrió en “contradicciones”, realizó una “valoración fragmentaria” de las pruebas y confundió la insuficiencia probatoria con la inexistencia de delito para dictar una “fundamentación aparente”.
A su vez, Marchetto reprochó al fiscal Taiano las demoras en la citación de testigos y la decisión de solicitar la clausura definitiva del proceso antes de que concluyeran medidas que la propia Fiscalía había ordenado previamente. El demandante presentó el escrito en carácter de “pretenso querellante”, ya que fue apartado de ese rol por el juez y actualmente aguarda que la Cámara Federal de Casación Penal defina su situación procesal.
Entre las pruebas consideradas esenciales para reabrir el caso, la apelación destaca los cruces telefónicos entre Milei y el empresario Mauricio Novelli. Según los registros, Novelli realizó tres llamadas al Presidente y recibió una de su parte en los minutos previos a que el mandatario promocionara el criptoactivo en la red social X, el 14 de febrero de 2025.
El recurso también subraya un movimiento financiero clave: segundos antes de la publicación presidencial, se registraron 87 operaciones desde 74 billeteras virtuales por unos 13,5 millones de dólares. El demandante exige que se analicen estos elementos de forma conjunta para determinar si hubo coordinación previa, que se profundice la investigación sobre el destino de esos fondos y que se completen los peritajes sobre los dispositivos electrónicos involucrados. El avance de la causa dependerá ahora de que la Justicia reconozca la legitimidad de Marchetto para apelar.