El sistema laboral judicial de la provincia de Buenos Aires atraviesa un momento crítico. Según el último informe del Centro de Investigación y Formación de la Asociación Judicial Bonaerense (CIyF-AJB), los Tribunales de Trabajo presentan una sobrecarga histórica de causas, con planteles incompletos y demoras que afectan el acceso efectivo a la justicia.
Los datos son elocuentes: 2024 marcó un récord de causas iniciadas, con un aumento del 3,4% respecto a 2023, y del 86,4% en comparación con 2020. Desde 2003, el promedio de expedientes por tribunal creció un 207%, sin que ese incremento venga acompañado por personal ni recursos suficientes.
El relevamiento muestra que en departamentos como Moreno-General Rodríguez o Pilar, la situación es aún más grave: ambos cuentan con un único tribunal desde hace más de una década y enfrentan cargas de trabajo que duplican la media provincial. En muchos distritos, las vacantes no se cubren, hay jubilaciones sin reemplazo y una reducción progresiva del personal. San Martín, por ejemplo, sufrió un aumento del 248% en causas desde 2015, pero su plantilla se achicó un 7%.
De los 73 tribunales de trabajo, solo 29 tienen sus cargos completos. En mayo de 2025, el Senado provincial designó 16 magistrados, pero aún quedan 55 cargos sin cubrir.
El colapso no es solo cuantitativo. También se extiende a la duración de los procesos y a los mecanismos de resolución. El informe detalla que menos del 22% de los juicios se resuelven con sentencia. La conciliación, que en 2017 representaba el 71%, cayó al 46%, mientras que las transacciones legales aumentaron del 4% al 19%. En cuanto a los plazos, los procesos con homologación duran en promedio 208 días, pero las sentencias se demoran hasta 706 días. En lugares como La Plata o San Isidro, pueden superar los 950 días.
“El colapso del fuero laboral no es una coyuntura: es estructural”, advirtió Hugo Russo, secretario general de la AJB. “No se puede sostener el sistema con un crecimiento constante de causas y tribunales incompletos. La falta de inversión es una forma silenciosa de deteriorar el acceso a la justicia”, afirmó.
Desde el gremio reclaman con urgencia la cobertura inmediata de vacantes, la puesta en funcionamiento de tribunales ya creados por ley y una reestructuración profunda del sistema judicial laboral, que priorice tanto las condiciones de trabajo como el derecho ciudadano a una justicia ágil, completa y accesible.